La radicación de la Reforma Laboral 2.0 por parte del Gobierno de Gustavo Petro ha devuelto al ruedo del debate público diferentes temas: ampliación sí o no de derechos laborales, cómo aumentar la productividad de los y las trabajadoras, cuál es el mejor camino para la generación de empleo y la reducción de la informalidad, proteger o no el derecho a la huelga, entre otros. Este debate es saludable no sólo para la discusión en torno a la aprobación de la Reforma Laboral, también lo es para discusiones más estructurales, por ejemplo, cómo modernizamos y democratizamos las relaciones laborales en nuestro país.
De hecho, el debate sobre la Reforma Laboral ha permitido revelar cómo algunos políticos supuestamente alternativos valoran las propuestas de reforma del Gobierno del Cambio desde una óptica política similar a la del Establecimiento económico y político tradicional que dicen enfrentar. Según ellos cualquier avance social y laboral “desquicia” el mercado y genera efectos negativos en la medida en que afectan los intereses de los grandes poderes económicos. Así sentencian casi por principio, demostrando una manera reaccionaria de abordar la política.
La representante Katherine Miranda es un claro ejemplo de este fenómeno que vengo describiendo. Un ejemplo claro lo encontramos en una afirmación reciente en su cuenta de X, según la cual la Reforma Laboral “podría generar una informalidad de 500 mil personas” a causa de los aumentos de los costos laborales. Se trata solo de una de las muchas hipótesis disponibles con respecto a las posibles consecuencias que podría tener la aprobación de la Reforma, pero es la que seleccionó mi colega. Una hipótesis, además, que es del agrado de los empresarios más poderosos, de sus centros de pensamiento y propaganda, y de sus representantes políticos en Cambio Radical, el Centro Democrático, la U y, según apreciamos, también en otros partidos. Pero no solo eso, la Representante infla la cifra que utiliza: incluso el informe utilizado por los catastrofistas, el del Banco de la República, no llega a la cifra que dice Miranda.
Otras hipótesis, como las que produjo el estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) sobre los impactos económicos que podría tener la Reforma Laboral, apuntan a otro horizonte: la reforma no sólo podría detener y disminuir los empleos de tipo informal sino que “produciría un incremento sostenido en la economía, que permearía a todas las ramas de actividad, generando mayores ingresos y beneficios a los empresarios, a la vez que crearía entre 600.000 y 1´000.000 de empleos”.
La hipótesis que reproduce sin ningún matiz la representante Miranda no aparece por arte de magia, obedece a la posición política a la que se está moviendo y que se sustenta en una visión adversa al avance sostenido de los derechos en el trabajo mediante la regulación estatal, compartida por algunos de los gremios y sus representantes políticos, según la cual los salarios justos, las prestaciones sociales y eso de tener derechos no son más que costos que los empresarios deberían ahorrarse sin entender que también pueden ser el origen de la demanda que puede tener un efecto dinamizador de la economía: ingresos, beneficios, inversiones, etc. Mejor dicho, que cuando los y las trabajadoras ganan más, tienden a gastar más en bienes y servicios, lo que puede estimular la demanda y el crecimiento económico.
Esa visión anti-derechos, ha ido cayendo en el descrédito por su falseamiento aplicada para la realidad colombiana:no tiene en cuenta la contradicción que existe entre pronosticar que un aumento moderadísimo de la masa salarial producto de una reforma garantista va a destruir empleos, mientras que décadas de bajos salarios y de flexibilización laboral no fueron capaces de crearlos. Durante años hemos sido el país con el segundo salario más bajo de la OCDE, pero a la vez somos uno de los países menos productivos, con una informalidad por encima del 50% y hace un par de años tuvimos, por ejemplo, el desempleo juvenil más alto de la Región.
Es más, tomémonos esta pildorita para la memoria: la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe en 2002 le vendió esa misma hipótesis al país, bajemos costos laborales, es decir, recortemos derechos y así crearemos 640.000 nuevos empleos en cuatro años. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Externado, a finales de 2005 solo se habían creado 40 mil empleos.
A modo de broma, ¿será que los 500 mil empleos que pasarán a la informalidad saldrán de algunos de esos cientos de miles de puestos de trabajo que creó la reforma de Uribe?
Además, el rechazo a la Reforma Laboral progresista con argumentos propios de la derecha económica y política genera inquietudes acerca de cuál sería el sentido de la Reforma Laboral que sí le gustaría a sus opositores. Si se cree que el problema con una propuesta de corte garantista es que aumenta la informalidad y el desempleo, pues encarece para los empresarios la compra de fuerza de trabajo, ¿Lo que pretenden es abaratarla, y, por tanto, precarizar las vidas de las mayorías trabajadoras? ¿Serán capaces de decirle eso al país?
En otras latitudes, partidos y movimientos progresistas se enfrentan a un desafío similar al nuestro: avanzar en la garantía de derechos en el mundo del trabajo tras décadas de reformas neoliberales. El gobierno de coalición progresista de España derogó con la Reforma Laboral del año 2021 los aspectos más lesivos de las reformas anti-derechos de los años 2008 y 2012, y los resultados han sido positivos, con récords positivos en nivel de empleo, nuevos contratos estables y el número de horas cotizadas al sistema de seguridad social.
En la misma vía, en Brasil, el gobierno de Lula tiene la intención de derogar la Reforma Laboral “flexibilizadora” y anti-sindicatos del 2017, tramitada bajo el gobierno golpista de Michel Temer. Sus efectos fueron absolutamente nefastos, con una disminución de la renta media de los trabajadores brasileños, millones empujados a la informalidad por el deterioro del ingreso en el mercado laboral y formal, y grave afectación a las organizaciones sindicales. En su momento, dicha reforma fue impulsada a partir de una concepción política y económica idéntica a la que usan para criticar los avances en derechos que hemos propuesto aquí en Colombia. ¡Casi como si criticar avances laborales con el estribillo de la informalidad fuera siempre de la mano de querer derogar, eventualmente, las conquistas jurídicas ya existentes de la clase trabajadora!
Frente a esta hipótesis que sostiene que los derechos laborales, la garantía de estabilidad y la formalización son muy costosos y que por eso eso se fomentan el desempleo y la informalidad, se deben contrastar otros posibles efectos como la citada estimulación de la demanda, el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida de las familias trabajadoras, la generación de beneficios a largo plazo para la sociedad en términos de bienestar y estabilidad social, el estímulo al consumo, el fomento de la productividad, la motivación a las empresas a invertir en tecnología para mantener la competitividad y, finalmente, la reducción de la informalidad porque la mejora en las condiciones laborales y en los salarios, reduce la atracción hacia el empleo informal.
Por supuesto, ninguna Reforma Laboral, ni la que presentó el Gobierno ni la que quisiera Miranda, pueden garantizarnos el pleno empleo y la reducción inmediata de la informalidad. Para eso se debe contar con una articulación de programas, proyectos e iniciativas públicas y privadas que complementen lo propuesto en la Reforma y sobre eso, en este momento, el país puede confiar: el Gobierno actual ha logrado cifras históricas en reducción de la tasa de desocupación y de la informalidad. Según el DANE, además de la disminución del desempleo a 9,3%, cifra prepandemia, la informalidad en agosto presentó una disminución del 57.4% al 55.9%, con una caída de 1,4 puntos porcentuales. El desempleo entre la población joven en agosto fue del 16.2%, con una clara reducción. Ha presentado, además, una política de reindustrialización.
¿Qué es entonces lo que esconde tras el telón una hipótesis como la defendida por Miranda? Un malestar, el que produce la intención central de la Reforma Laboral del Gobierno: construir un modelo de desarrollo sin sesgo antilaboral, que no pretenda la competitividad espuria de la precariedad laboral que atenta contra la vida.
