Ante la preocupante situación que se vive en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, ALIADAS, la organización que reúne asociaciones y gremios económicos del país, se pronunció y le exigió al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Armadas para que asuman su deber constitucional y protejan a los ciudadanos.
La organización está conformada por 40 asociaciones y gremios, lo que representa una composición de 7000 empresas del país.
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Aliadas exige acciones contundentes a las fuerzas militares en el Catatumbo
“Hacemos un llamado urgente a la solidaridad y acción inmediata frente a la tragedia en el Catatumbo. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado un saldo profundamente doloroso para nuestra sociedad: más de 50 fallecidos, numerosos heridos y una ola de familias desplazadas que revive los peores capítulos de nuestra historia. Esta crisis humanitaria ha sumido al Catatumbo en un panorama de miedo, hambre y desolación”, indicó la organización a través de un comunicado.
Además, agregó que: “no podemos permanecer indiferentes; estas víctimas inocentes, nuestros compatriotas, necesitan de nuestra unión, nuestro apoyo decidido y nuestra empatía activa para superar este momento devastador. Queremos apoyarlos desde nuestra posición con acciones concretas que les devuelvan la esperanza y la dignidad. Es momento de unirnos y actuar con determinación”.
La organización de manera contundente le exigió al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Armadas para que protejan la población y garanticen en orden en el territorio como indica su deber constitucional.
“El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas deben asumir su deber constitucional de proteger a la población, incluida la defensa y protección de quienes están en la mesa de negociación por parte del gobierno, y garantizar el orden en el territorio. La Fuerza Pública no puede ser un actor expectante o un simple mediador; su papel debe ser el de garantizar la seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales que hoy desafían la estabilidad del país”, agregó.
Finalmente, afirmó que: “El ELN y otros grupos armados han demostrado reiteradamente que su objetivo no es la construcción de paz, sino la expansión de su poder a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Estos grupos no pueden ser tratados como actores políticos, sino como lo que son: organizaciones criminales que deben enfrentar todo el peso de la ley. Hacemos un llamado a las autoridades para que emprendan acciones contundentes y efectivas contra quienes amenazan la seguridad y estabilidad de Colombia. La paz no se construye permitiendo que la ilegalidad avance impunemente, sino garantizando el imperio de la ley y la protección de los ciudadanos”.
