El presidente Gustavo Petro ha generado controversia al anunciar la intención de decretar la conmoción interior para enfrentar la emergencia de orden público en el Catatumbo, una medida que no solo ha desatado un intenso debate político, sino que también requiere la aprobación y evaluación del Congreso de la República, conforme a la Constitución Política.
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Una vez el presidente Petro firme el decreto de conmoción interior, el Congreso deberá convocarse automáticamente dentro de los tres días siguientes para evaluar la medida. Según el artículo 213 de la Constitución, se establece que “dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración”, explicó la revista Semana citando fuentes cercanas a la presidencia del Congreso.
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El proceso obligará al Gobierno a presentar un informe detallado sobre las razones que justifican la implementación de esta medida excepcional, además de un plan claro sobre cómo se llevará a cabo. Asimismo, se deberán rendir informes periódicos sobre el desarrollo de las acciones emprendidas en el marco de la conmoción interior.
El anuncio de Petro ha provocado reacciones encontradas dentro del Congreso. Por un lado, varios congresistas han cuestionado la medida, especialmente en relación con la postura que el mandatario adoptó en el pasado cuando se opuso a decretos similares durante el gobierno de Iván Duque.
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La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, expresó su desacuerdo con la medida, indicando que la conmoción interior y la emergencia económica son estados de excepción previstos para situaciones distintas. Según Lozano: “Los estados de excepción de conmoción interior y de emergencia económica están previstos en la Constitución para atender situaciones mutuamente excluyentes. La emergencia económica sólo puede decretarse por hechos sobrevinientes y distintos a los que justifican la conmoción interior, regulada en el artículo 213. Por tanto, la escalada criminal del ELN no puede ser fundamento para decretar ambos estados de excepción”
Las críticas al decreto de Petro también han venido desde el Centro Democrático. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la legitimidad de la medida, recordando que el presidente Petro en el pasado criticó el uso de estados de emergencia por parte de su antecesor, Iván Duque. “Para Petro la conmoción interior que debió decretar Iván Duque era dictatorial pero la de él sí es necesaria. Aquí los estados de emergencia parecen más un capricho para gobernar por decreto que una salida a la situación que el mismo Petro ha provocado. Recordemos que la emergencia económica en La Guajira terminó con el más grande escándalo de corrupción de los últimos años en Colombia. Petro, recuerde lo que hicieron con la UNGRD”, señaló la congresista.
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Desde la bancada del Partido Liberal, el senador Humberto de la Calle también se mostró crítico respecto a la medida, pero desde una perspectiva más analítica. De la Calle afirmó: “Vademécum para la conmoción: 1. Nunca olvidar que el verdadero responsable de la salvajada es el ELN. 2. No obstante, un cúmulo de errores del Gobierno han contribuido a la situación. Desconocer alertas tempranas, ceses de fuego desordenados, ausencia de ley de sometimiento, descontrol territorial. 3. Pero es un contrasentido afirmar que es la más grave afectación en décadas, y al mismo tiempo impedir que el Gobierno apele a normas constitucionales de excepción”.
