El gobierno ha lanzado una innovadora iniciativa denominada ‘Códigos de Paz’, cuyo objetivo es promover el acceso a la educación superior para mujeres privadas de la libertad en Colombia. Este proyecto, impulsado por los ministerios de Educación, Justicia y Culturas, busca ofrecer una segunda oportunidad a las mujeres encarceladas, proporcionando un camino hacia la resocialización y transformación social a través de la educación superior.
Con una inversión histórica de 6.000 millones de pesos, el programa financiará la matrícula de 100 mujeres condenadas, quienes tendrán la posibilidad de cursar programas técnicos, tecnológicos o universitarios en Instituciones de Educación Superior (IES) aprobadas. Este esfuerzo tiene como fin garantizar que la educación sea un derecho para todas las personas, independientemente de su situación jurídica.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó la importancia de este programa, subrayando que se trata de un primer paso para transformar el acceso a la educación en Colombia. “Nos ha instruido el señor Presidente de la República que, si vamos a hablar de cambio, ese cambio tiene que pasar también por transformar las formas en que nos relacionamos, nos entendemos y nos reconocemos los unos a los otros”, afirmó Rojas. Según él, este tipo de iniciativas deberían universalizarse en todos los establecimientos penitenciarios, sin importar su ubicación o tamaño.
El proyecto ‘Códigos de Paz’ tiene un plazo de ejecución de seis años, y la formación académica se extenderá durante los próximos cinco años. Las beneficiarias recibirán subsidios de hasta 4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), lo que cubrirá sus costos de matrícula y otras necesidades educativas.
Las primeras 100 mujeres seleccionadas para este programa serán elegidas a través de una convocatoria interna en cada establecimiento de reclusión en el país. De esta manera, se busca garantizar que el programa llegue a las mujeres de todo el territorio nacional. Esta iniciativa representa una verdadera segunda oportunidad, pues permite que las participantes no solo tengan acceso a la educación, sino que puedan continuar con sus estudios si logran obtener su libertad en cualquier modalidad, ya sea domiciliaria, condicional o por utilidad pública.
Por su parte, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, resaltó que el programa no solo ofrece una oportunidad educativa, sino que también está diseñado como una herramienta de resocialización. “Queremos que esta sea una oportunidad real, que puedan soñar con terminar su carrera profesional”, comentó Buitrago, destacando que las mujeres que accedan al programa seguirán beneficiándose del subsidio educativo incluso si obtienen la libertad durante su proceso de formación.
El Gobierno Nacional tiene como meta beneficiar a 2.887 mujeres en el Sistema Penitenciario del país, desde programas de alfabetización hasta estudios de educación superior. Esta iniciativa se enmarca dentro de un compromiso más amplio de la administración actual por crear un país más justo e inclusivo, donde la equidad y la justicia sean principios fundamentales.
