La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha convocado al mayor en retiro Juan Carlos Meneses Quintero para que brinde su testimonio sobre el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles y sus conexiones con la fuerza pública en Antioquia. Meneses, quien ha sido condenado por homicidio, es considerado una pieza clave en el proceso judicial contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con las actividades de este grupo paramilitar.
Meneses, que estuvo en servicio en el departamento de Policía de Antioquia desde agosto de 1992 hasta noviembre de 1994, desempeñó el cargo de comandante del Distrito de Policía No. 7 en Yarumal, una zona central en las operaciones de Los 12 Apóstoles. La JEP ha señalado que durante su tiempo en Yarumal, Meneses tuvo un profundo conocimiento de las dinámicas del conflicto en esa región y, según se ha demostrado en la justicia ordinaria, pudo haber participado indirectamente en algunos de los crímenes perpetrados por esta organización ilegal.
La citación de Meneses responde a la necesidad de esclarecer los vínculos entre Los 12 Apóstoles, la fuerza pública y otros actores estatales y civiles en Antioquia durante la década de los noventa. La JEP ha destacado la relevancia de su testimonio para entender el contexto de la macrocriminalidad en el norte de Antioquia y para desentrañar las alianzas entre los grupos paramilitares y las instituciones estatales.
La convocatoria de Meneses es parte de la fase 2 del Subcaso Antioquia, que busca investigar las relaciones y operaciones de los grupos paramilitares en la región. La información que pueda proporcionar Meneses sobre el contexto operativo de Yarumal, así como sobre los actores clave en el conflicto, será crucial para avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos.
En los próximos días, Meneses recibirá una notificación formal con la fecha y hora de su comparecencia ante la JEP. Su testimonio podría arrojar nueva luz sobre la compleja red de relaciones entre los grupos paramilitares y la fuerza pública, y contribuir significativamente al proceso de justicia en Colombia.
