Las noticias que nos llegan desde el Pacífico colombiano ya parecen paisaje y tal vez esa sea la razón por la que en el resto del país no se alcanzan a escuchar los gritos de ayuda que lanzan desde Chocó.
“La población chocoana está sufriendo una emergencia humanitaria a la que debemos darle prioridad desde el Estado, dado el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, dijo desde Quibdó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Además de los problemas sociales estructurales, casi históricos en este departamento, es claro que luego del acuerdo con la antigua guerrilla de las Farc, en Chocó los grupos armados ilegales ha desarrollado una intensa expansión, reacomodamiento y disputa de este territorio.
“Las dinámicas del conflicto armado, que históricamente han permeado las zonas rurales, se han trasladado a los escenarios urbanos, como el caso de Quibdó, en donde el Eln amenaza con la consolidación de un frente urbano, a través de alianzas, la cooptación y la instrumentalización de bandas delincuenciales locales, para hacerle frente al grupo armado ilegal AGC”, agregó Camargo.
Las alertas
Los principales grupos armados ilegales y causantes de la violencia en Chocó siguen siendo el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que tomaron e lugar que dejaron las Farc y que debió tomar el Estado. Pero también se reporta la presencia de estructuras armadas de alcance local como Los Chacales (en Bahía Solano), Los Colombianos y Los Mexicanos (en Quibdó), en contextos urbanos donde la violencia se ha exacerbado.
A juicio de la Defensoría del Pueblo, una de las principales causas de violencia y vulneraciones a los derechos humanos en el Chocó es la disputa de territorios colectivos, de alto interés estratégico para estos actores ilegales, que quieren el control en las cinco subregiones del departamento.
Como consecuencia de la confrontación de los grupos armados ilegales, con corte al 13 de septiembre, durante lo corrido de 2021 la Defensoría del Pueblo tiene un reporte de 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescencientes.
De la misma forma, se han registrado 18 eventos de desplazamiento forzado, 11 en comunidades indígenas y 7 en afrodescendientes, ocurridos en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. En total, en el mismo lapso, tuvieron que dejar sus territorios 5.943 personas, de 2.311 familias. Además, se ha verificado el desplazamiento intraurbano de 209 personas en 2021.
“La situación actual en materia de derechos humanos en el Chocó es crítica. Además de los desplazamientos, confinamientos y combates, fueron asesinados 15 ciudadanos en proceso de reintegración luego de la firma de paz, 7 de ellos en Quibdó. El año pasado asesinaron a 16 líderes sociales y este año van 4”, indicó el defensor.
Por eso la entidad sigue insistiendo en que se deben adoptar acciones concretas, oportunas y efectivas para frenar la barbarie que arropa a este departamento.
