En Colombia, muchas veces, reformas institucionales de gran importancia pasan desapercibidas. Las aplanadoras del Legislativo las tramitan con la velocidad de un tren bala, y sin mayores discusiones o ruido mediático, salen de los engalanados salones del Capitolio para convertirse en leyes vigentes. La redelimitación de las localidades de Bogotá no es la excepción. Claudia López intentó cambiar las localidades de Bogotá pasándose la Constitución por la faja, algo que no se veía desde que el dictador Rojas Pinilla anexó los municipios de Usme, Suba, Usaquén, Bosa, Fontibón y Engativá al entonces Distrito Especial en 1954.
El año pasado el Congreso modificó el Estatuto Orgánico de Bogotá, que es una especie de constitución de la ciudad. Si bien, es urgente hacer reformas de fondo a esa norma para actualizar el diseño institucional de Bogotá, lo que aprobó el Congreso fue una “chambonada” escrita y patinada por los cargamaletas de Claudia López en la Cámara; y que en últimas, lo único que consiguió fue darle aún más poder a López y a los que en el futuro la remplacen.
O los legisladores que escribieron este texto no saben en dónde están parados, o actuaron de mala fé para hacerle realidad el capricho a Claudia López de modificar las localidades vía “fast track” mediante el Plan de Ordenamiento Territorial. La división político administrativa no es un asunto de ordenamiento territorial, los límites de un territorio corresponden a un devenir histórico, a unos arraigos y en últimas a las decisiones de sus habitantes, no se definen en la oficina de la secretaría de Planeación, como quién reparte un pastel de cumpleaños en partes iguales.
La reforma al estatuto se dio en el Congreso casi en el mismo momento que se discutía el POT en el Concejo de Bogotá, y el “mico” fue la excusa perfecta para enlazar el cambio en las localidades con el POT, esto quedó explícito en el artículo 10 del texto radicado ante el Cabildo:
Artículo 10. Delimitación de localidades. En aplicación del parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2116 de 2021, que modificó el artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993, los límites de las localidades corresponderán con los límites de las Unidades de Planeamiento Local que se identifican en el Mapa n.° CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”.
Modificar las localidades no es tan simple como cambiar una línea sobre un papel, decirles a los bogotanos que la localidad en donde nacieron y crecieron va a desaparecer por decisión de un mandatario fugaz es todo menos una buena noticia.
Pero además, es una reforma institucional gigante para el Distrito, para su organización y para la distribución de competencias entre la Alcaldía Mayor y las Alcaldías Locales. Además, es un golpe demoledor para muchos Concejales, especialmente para quienes hacen política al lado de los ediles. Un inminente aumento en el número ediles, podríamos pasar de 184 a más de 230, implica un aumento proporcional en los gastos de campaña: lechonas, tamales, regalitos, paseos, etc.
Esta es una reforma impopular entre los ciudadanos y entre los políticos, por eso Claudia López quiso meterle un golazo a Bogotá y hacer su modificación de la manera más subrepticia posible.
La Corte en buena hora se pronunció y le dio exequibilidad condicionada al parágrafo demandado; si bien, el fallo afirma que se no viola el Artículo 322 de la Constitución, agrega: “...en el entendido que cuando el Plan de Ordenamiento Territorial sea expedido por Decreto, no se puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital”.
Claudia López sabía a la perfección lo que estaba proponiendo y también sabía muy bien lo que estaba decretando el 29 de diciembre del 2021 cuando, en un acto autoritario e irresponsable, promulgó un POT incompleto, inconsulto e inconveniente. La alcaldesa se la jugó, asumió el riesgo y perdió. Por ahora las localidades de Bogotá se quedan como están a la espera de una verdadera reforma institucional.
CARLOS CARRILLO ARENAS
Concejal de Bogotá
