El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto la suspensión de las órdenes de extradición para miembros de grupos armados que demuestren avances significativos en los diálogos de paz. Esta declaración se produce tras la reciente captura de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien fue detenido en Bogotá debido a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. La detención de Rojas ha generado controversia, ya que se produjo en medio de un ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno y grupos al margen de la ley.
El presidente Petro enfatizó que, según las leyes colombianas, las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances significativos, especialmente en el desmantelamiento de economías ilegales y en el respeto a los derechos de la población civil. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación justificó la captura de Rojas basándose en una notificación roja de Interpol, argumentando que la suspensión de órdenes de captura en el marco de los diálogos de paz no se extiende a solicitudes internacionales. Esta situación ha generado tensiones entre las instituciones del Estado y ha puesto en riesgo la continuidad de las negociaciones de paz, ya que líderes de los la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano consideran la detención de “Araña” como un obstáculo para el proceso.
El gobierno de Petro ha reiterado su compromiso con la “paz total” y busca establecer mecanismos que permitan avanzar en las conversaciones con los distintos grupos armados, incluyendo la posibilidad de suspender extradiciones como incentivo para la desmovilización y reintegración a la vida civil. No obstante, este enfoque ha sido objeto de debate, ya que algunos sectores consideran que podría generar impunidad y afectar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.