El decreto del Ministerio de Defensa que firmó el presidente Gustavo Petro con el fin de impartir nuevas directrices para el uso “diferenciado y proporcional” de la fuerza en la Policía Nacional tiene fecha del 3 de octubre, pero fue conocido por la opinión pública hasta esta semana. El documento, que cuenta con 18 páginas, desató un intenso debate en el que no solo han participado políticos de la oposición, sino también mandatarios regionales.
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Las nuevas directrices cobijan a todo el personal uniformado de la Policía Nacional en Colombia y serán claves para los procedimientos que se implementen en el futuro. Uno de los temas que ha causado más controversia, por ejemplo, tiene que ver con las armas de fuego que portan los policías y cómo las utilizan.
“El uso de la armas de fuego solo se los demás medios resulten de ninguna manera la objetivo previsto. la toma decisiones sobre si es la fuerza y, en caso afirmativo, debe utilizarse y durante cuánto tiempo”, explica el decreto.
Las nuevas directrices también establecen que los uniformados deben tener en cuenta tres factores a la hora de utilizar este tipo de elementos. Entre otras cosas, deben analizar si la situación amerita el uso de la fuerza para cumplir un determinado objetivo, evaluar la magnitud de la fuerza que deben utilizar y tener en cuenta que el uso de la fuerza debe “cesar” una vez el objetivo esté cumplido.
“En ningún caso está permitido usar medidas extremas para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas”, advierte uno de los apartes claves del decreto.
La medida despertó molestia en varios líderes políticos, entre ellos el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario local manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pues consideró que puede limitar el actuar de la Fuerza Pública.
“El decreto de uso de la fuerza policial que firmó el Gobierno Nacional está cruzando la línea de la defensa de la vida a la permisividad total, la Fuerza Pública quedará con las manos atadas para proteger los bienes públicos y privados. Los violentos cada vez ganan más ventaja”, sostuvo Beltrán en su trino.
Mindefensa dio detalles sobre el decreto
El ministro Iván Velásquez les salió al paso a las críticas que sufrió su cartera y señaló que no tienen asidero. Además hizo algunas precisiones sobre las nuevas normas. “No es cierto que este decreto le amarra las manos a la Policía, ni que los someta (a los uniformados) a graves riesgos. El derecho a la defensa de su integridad es siempre un derecho y ningún decreto, ni este, limita el ejercicio de este derecho, solo establece unas directrices en cuanto al uso de las armas y la fuerza”, comentó Velásquez, citado por la emisora Blu Radio.
Entre tanto, la secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa, Alexandra González, dio algunos detalles del decreto expedido el pasado 3 de octubre. Para empezar, explicó que el documento se expidió como resultado de un trabajo conjunto entre organizaciones sin ánimo de lucro y defensoras de derechos humanos, la ONU, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
A su vez, advirtió que esta norma es histórica en la medida en la que reglamenta por primera vez el medio material de uso de la fuerza en Colombia.
“El decreto prioriza el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, estableciendo un modelo de intervención policial proporcional a la gravedad de la situación”, explicó la funcionaria. Y agregó que, además de reglamentar el uso de armas de fuego, también incluye varios apartes en los cuales explica los deberes y derechos que tienen los uniformados.
Entre otras cosas, expresó que estos últimos tienen el derecho a “recibir orientación psicológica y defensa legal” en el marco de las intervenciones que realizan. Por último, concluyó que las nuevas reglas se suman a otras decisiones claves que ha tomado el actual gobierno a través del Ministerio de Defensa, como la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) que reemplazó al antiguo Esmad.
Así mismo, la bancada del Pacto Histórico ha salido en defensa de la medida. “En los anteriores gobiernos la legítima protesta ciudadana era criminalizada. La respuesta del Estado era la represión, lo cual provocó centenares de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de la Fuerza Pública”, escribió la senadora Gloria Flórez, también en su cuenta de la red social X.
ONU le dio su visto bueno al decreto
De otro lado, la ONU también se refirió a la expedición de este documento. Este 8 de octubre hubo una reunión entre Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca.
Tras ese encuentro, la oficina de Rivero sostuvo que felicitaron “al General Salamanca por la apertura de la institución y la adopción del decreto sobre el uso de la fuerza, ambos referentes en el mundo”.
Un exfuncionario del sector defensa durante un gobierno anterior, quien prefirió no ser citado, indicó que, más allá del contenido del decreto, la Policía Nacional ya cuenta con un marco jurídico que incluye el respeto a los derechos humanos.
De hecho, sostuvo que este marco jurídico no solo está en la Constitución Política, sino también en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.
Según explicó, la Policía Nacional entrena a las uniformados usando este marco normativo como base y mencionó que además se han expedido actos administrativos con el fin de garantizar que los miembros de la Fuerza Pública cumplan con el respeto a los derechos humanos.
