El reciente drama en torno a la fabricación de pasaportes y visas en Colombia ha desatado preocupaciones sobre la transparencia y eficiencia del proceso. El gobierno de Portugal, por su parte, aún no tiene claridad sobre el convenio establecido con Colombia para este propósito. Esta incertidumbre se ha intensificado con la urgencia declarada por la Cancillería para firmar un nuevo contrato con la empresa Thomas Greg and Sons, lo que, aparentemente, no solucionará los problemas existentes.
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Un funcionario de la Cancillería, en diálogo con Blu Radio, proporcionó acceso a documentos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que revelan serios sobrecostos en las dos licitaciones previas. La primera licitación, que fue declarada desierta, tenía un plazo de 36 meses y un precio total de $599.651.582.571 pesos, lo que implica un costo mensual de $16.656.988.404 pesos para los colombianos. Por otro lado, el contrato de urgencia firmado por el exministro Álvaro Leyva, con una duración de 12 meses, se estableció en $198.894.259.597 pesos, lo que se traduce en pagos mensuales de $16.574.521.633 pesos.
Sin embargo, la situación se complica aún más con el reciente contrato firmado por el actual ministro Luis Gilberto Murillo, que asciende a $206.878.840.200 pesos por un período de 11 meses. Esto representa un costo mensual de $18.807.167.290 pesos, un incremento de más de $2.300 millones en comparación con el contrato anterior. Además, se debe considerar el costo de la formalización de los pasaportes, que no se incluye en este nuevo acuerdo y que asciende a $419.691.743 pesos mensuales. En conjunto, estos factores implican un sobrecosto mensual cercano a los $2.800 millones, lo que, en un periodo de 11 meses, podría sumar más de $30.000 millones.
A esta compleja situación se añade la propuesta del Ministerio de incorporar a 80 contratistas adicionales para realizar tareas que, originalmente, debían ser ejecutadas por el adjudicatario de la licitación. Este aspecto no ha sido discutido a fondo por la Cancillería, lo que contribuye al deterioro patrimonial que ha caracterizado todo este proceso.
La situación se complica aún más con los costos asociados al convenio con Portugal, que fue anunciado por el Ministro, pero del cual el gobierno portugués no tiene información clara en este momento. Este escenario genera más preguntas que respuestas, especialmente en lo que respecta a la demanda presentada por Thomas Greg, quien reclama una indemnización de 117.000 millones de pesos por la no adjudicación del contrato que ganó en la licitación donde fue habilitada.
En resumen, la crisis en la fabricación de pasaportes y visas en Colombia no solo implica costos exorbitantes, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión y transparencia del proceso. La situación requiere atención urgente para evitar que los sobrecostos y la falta de claridad contractual se conviertan en un lastre financiero para el país. La ciudadanía merece respuestas y soluciones efectivas en un asunto tan crucial como la obtención de documentos de identidad.
