La ONG Somos Defensores, dedicada a visibilizar los asesinatos de líderes sociales en Colombia, lanzó una publicación y campaña llamada “Historias Inconclusas”, que cuenta las historias de estos líderes asesinados y que nunca fueron resueltas por la justicia en el país ni se les ha dado respuestas a sus familiares. La publicación ha sido presentada en Barranquilla y otras ciudades del país. PUBLIMETRO habló con Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, quien describió el panorama de impunidad de estas muertes en el territorio nacional.
¿Para los que no conocen la ONG Somos Defensores, nos puede describir cuál es su labor en el país?
El programa Somos Defensores es un programa que nació hace 25 años. Es un programa no gubernamental, no hacemos parte del gobierno, somos de la sociedad civil y nos dedicamos a exigir garantías para la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Básicamente, esta campaña hace parte de nuestras estrategias de trabajo de comunicación para informar al país sobre lo que acontece en materia de justicia. Cuando preguntas por el tema de denuncias, a través del portal “Historias Inconclusas” no podemos ver casos de personas que no estén dentro del libro, pero tenemos habilitado en nuestra página web la posibilidad de que nos cuenten casos de agresión. Esto no solo para que hagan parte de nuestro sistema de información con las políticas de confidencialidad, sino también para poder establecer diálogos con líderes sobre protección colectiva e individual y sobre las rutas institucionales que tiene el Estado para proteger a los líderes. Esta es nuestra labor y siempre estamos dispuestos a asesorar y atender a los casos en la medida de lo posible, así como realizar talleres de protección.
¿De qué se trata la campaña “Historias Inconclusas” que está dando a conocer Somos Defensores en Colombia?
La campaña “Historias Inconclusas” se centra en las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Arrancó en el 2023, después de un trabajo conjunto entre Verdad Abierta y Somos Defensores para compilar una base de datos de homicidios y agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, desde el año 2002 hasta el 2022. En total, se registraron 1,333 asesinatos. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que nos informara cuántos de esos casos tenían sentencias. La Fiscalía reportó 75 sentencias, pero gracias al trabajo periodístico de Verdad Abierta, se encontraron 104 sentencias más, para un total de 179 sentencias en 20 años, lo que representa solo un 13.3%. El 87% restante de los casos no han tenido avances. Este hallazgo refuerza el objetivo de la campaña, que es llamar la atención y exigir a la Fiscalía General de la Nación que avance en las investigaciones para prevenir la repetición de estos homicidios. En el 2024, hemos decidido continuar con la campaña sumando nuevos asesinatos ocurridos entre abril de 2022 y septiembre de 2023. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se ha negado a entregarnos información actualizada, lo que nos llevó a interponer una tutela.
¿Qué le piden a las autoridades y a la Fiscalía, especialmente considerando las batallas que han tenido para acceder a la información en Colombia?
Con estos resultados de la justicia, el mensaje a los victimarios es que en Colombia se puede agredir y asesinar a una persona defensora de derechos humanos sin consecuencias. Necesitamos que se avance en el esclarecimiento de los responsables, tanto materiales como intelectuales, para desmantelar los grupos que atentan contra los defensores de derechos humanos y garantizar la no repetición de estos hechos. Por esta razón, solicitamos nuevamente a la Fiscalía que nos informe sobre el estado procesal de los casos registrados. Esta negativa por parte de la Fiscalía es una violación del derecho a la información, lo que nos llevó a interponer una tutela. Este proceso aún está en revisión en el tribunal.
¿Cómo fue el lanzamiento que realizaron en Barranquilla?
El lanzamiento en Barranquilla se llevó a cabo en la Plaza de la Paz. Estuvimos allí todo el día con el libro y mucha gente se acercó para firmarlo y dejar mensajes de apoyo a los familiares de las víctimas, exigiendo a la Fiscalía que avance en las investigaciones. Este año también pasamos por Medellín, Cúcuta, y vamos a pasar por Cali, cerrando en Bogotá. Nuestro objetivo es que la ciudadanía se sume a esta campaña y que el libro de “Historias Inconclusas” no tenga que llenarse con más nombres.
¿Cómo está la Región Caribe en cuanto a asesinatos de líderes sociales en Colombia?
La Región Caribe es una de las más afectadas, después de Cauca y Santander. En Córdoba, han asesinado a más líderes y lideresas que en otras áreas de la región, y en Atlántico específicamente, se han registrado 20 asesinatos. De estos 700 casos en la región, solo hay 10 sentencias en 20 años, y en Atlántico solo una. Esto demuestra la enorme impunidad y la necesidad de que la Fiscalía avance en estos casos para desmantelar los grupos responsables.
¿Cómo pueden las personas en el país reportar casos de asesinatos de líderes sociales a través de Somos Defensores?
Invitamos a las personas a reportar casos a través de nuestro portal. Si hay algún caso que no esté registrado, pueden contárnoslo para sumarlo. Queremos que no se olviden los nombres y las historias de vida de quienes han sido asesinados, y que se conozca quiénes eran y qué sueños tenían. Nuestro objetivo es contribuir a la memoria, la verdad, y la justicia, y que el Estado colombiano proteja a los defensores de derechos humanos.
¿Cuáles son los desafíos que tiene la ONG Somos Defensores para seguir realizando su labor en Colombia?
Uno de los principales desafíos es el acceso a la información, como lo ejemplificamos con la negativa de la Fiscalía. Además, el trabajo de documentar casos es complejo, ya que necesitamos acceder a fuentes directas y colaborar con otros observatorios territoriales. Mantener los registros y cifras actualizadas es un reto constante. Sin embargo, seguimos comprometidos con visibilizar la situación, hacer exigencias, y proponer soluciones desde la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos.
La cifra: de 1,333 líderes asesinados en Colombia sólo el 13.3% de los casos ha tenido una sentencia judicial.
