En las clases de una maestría de la Universidad Sergio Arboleda se juntaron cuatro estudiantes: uno era un señalado narcotraficante conocido como ‘Maestrico’, otro un académico que llegó a tener altos cargos en esa institución y en la Universidad del Rosario, y una pareja de hermanos. Todos terminaron haciendo negocios que están en la mira de la Fiscalía que sospecha, desde 2014, que eran una coartada para ocultar bienes del Bloque Central Bolívar, que fue comandado por el narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, conocido como ‘Macaco’. Una historia desconocida del poder que tuvo esa estructura armada en un claustro universitario y sobre la cual la justicia todavía debe algunas respuestas.
El proyecto #NarcoFiles encontró varios documentos de la Fiscalía, de 2020 y 2021, que revelan negocios en los municipios antioqueños de Zaragoza y Puerto Berrío. En ambos casos, cuando los compradores fueron interrogados, refirieron hechos que sucedieron en la Universidad Sergio Arboleda.
“NarcoFiles: el nuevo orden criminal” es una investigación periodística internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten. El proyecto, en el que participaron más de 40 medios, se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. El material fue compartido el año pasado con OCCRP, y con el apoyo de CLIP, Cerosetenta y Vorágine, se trabajó con varios medios de la región.
Con relación a las compras de predios sobre las que recaen las sospechas de la Fiscalía hay un nombre en común: Francisco Ortiz Navarro. Este hombre, conocido con el alias de ‘Maestrico’ o ‘Maestro’, ha sido mencionado por lo menos dos veces en estrados judiciales. La primera referencia se dio en un concepto de la Corte Suprema de 2008 por un pedido de extradición contra un hombre cercano a ‘Macaco’. En ese documento quedó consignado que en 2006 la Policía interceptó varios teléfonos de una red de narcotráfico al servicio del capo del Bloque Central Bolívar. Ortiz Navarro, según el fallo judicial, se encargaba de monitorear transferencias de fondos desde Panamá hacia Colombia y le reportaba a la esposa de ‘Macaco’.
Unos años después, Ortiz volvió a ser relacionado con negocios ilegales. El excomandante paramilitar Edward Cobos Téllez, conocido como ‘Diego Vecino’, le dijo a la Fiscalía en una versión libre de 2011 que ‘Maestrico’ era un narcotraficante que exportaba cocaína por el Golfo de Morrosquillo (entre Sucre y Córdoba). La información que aportó Cobos fue recogida en un informe del ente investigativo elaborado en noviembre de 2013 al que tuvo acceso esta alianza.
Las narcofincas en Zaragoza
Según las referencias laborales disponibles en internet, Luis Eduardo Puerto Ramírez fue un reputado académico con cargos importantes: director de la maestría en Finanzas de la Sergio Arboleda, director de la maestría en Finanzas Corporativas de la Escuela Internacional de Negocios, decano de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Rosario y consiliario de esta última, entre otros.
Pero la Fiscalía reconstruyó una parte de la historia de Puerto que no se encuentra en la hoja de vida: el hombre se prestó para ocultar bienes del Bloque Central Bolívar. La historia, recogida en un documento de 2020 de la Dirección de Justicia Transicional de esa entidad, empezó por la declaración judicial de un desmovilizado de esa estructura armada, José Germán Sena Pico. El excombatiente aseguró que la Hacienda La Carolina, en Zaragoza, le pertenecía al grupo paramilitar. La Fiscalía encontró el nombre del académico en el historial de propietarios del predio.
El ente investigativo le tomó una declaración a Puerto en septiembre de 2014. El académico contó que cuando estaba cursando una maestría en finanzas en la Universidad Sergio Arboleda un compañero de clase, Francisco Ortiz (el mencionado ‘Maestrico’), le propuso hacer un negocio con tierras en Zaragoza. Puerto dijo que Ortiz le propuso figurar como propietario de un predio en ese municipio que se iba a comprar con la plata del segundo.
Puerto admitió que recibió un carro nuevo por eso, pero dijo que nunca se enteró de si la transacción por la tierra se hizo. El negocio sí se realizó y en los documentos figura que le compró nueve fincas a Roberto Jiménez, hermano del capo ‘Macaco’. En su declaración, Puerto aceptó que vio unas tres veces al hermano de ‘Macaco’ en una finca de Ortiz en Montelíbano (Córdoba).
El académico, sin embargo, intentó restarse responsabilidad en esas transacciones. Aseguró que nunca compró los predios que estaban a su nombre, que no conoció Zaragoza y que esos negocios los hizo Francisco Ortiz aprovechándose de un poder que él le había firmado.
Pero, una versión de una persona que tenía la posesión de los mismos predios comprometió a Puerto con una presunta red de testaferros de ‘Macaco’. Jhon Jaime Henao, citado en el documento de la Dirección de Justicia Transicional, le contó a la Fiscalía que a finales de 2006 recibió una propuesta de Jesús María Alejandro Sánchez Jiménez, primo del capo y conocido en el Bloque Central Bolívar como ‘Scooby’, para comprar La Carolina. Henao aseguró que él le pagó a ‘Scooby’, de quien admitió que sabía que era paramilitar, y que este último le dijo que se entendiera con Puerto para hacer los documentos del traspaso de la finca.
Aunque nunca se oficializó el traspaso, Puerto y Henao sí se conocieron. Según el relato de este último, después de hacer la transacción con ‘Scooby’ los dos se encontraron en la Universidad Sergio Arboleda.
Las conclusiones de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía dan cuenta de que todo era una coartada. “De los diversos medios de prueba se puede enfatizar que los predios, son propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, a través de Jesús María Alejandro Sánchez Jiménez, alias ‘Scooby’”, concluyó el ente investigativo en el documento, de noviembre de 2020, que conoció esta alianza.
En el mismo documento, el fiscal que investigó la historia de propiedad de las fincas reprochó las actuaciones del académico. “(Puerto) tenía la capacidad de comprender que su conducta era irregular al firmar el poder para la compra de un bien del que, como se dijo, no aportó dinero, pero del que sí recibió una contraprestación. Además, no era ajeno a que el propietario del bien era Roberto Jiménez Naranjo, hermano de ‘Macaco’, a quien conoció a través de su amigo, y no es creíble de acuerdo a lo que refirió en sus declaraciones que no supiera a qué se dedicaba su amigo Francisco Ortiz”, concluyó.
A pesar de las discordancias entre la versión de Puerto y los descubrimientos de la Fiscalía, este nunca fue llevado a juicio y murió el 26 de mayo de 2016.
En ese mismo informe, el funcionario judicial compulsó copias (es decir, pidió que se iniciaran investigaciones) contra Roberto Jiménez, hoy alcalde de Dosquebradas (Risaralda), ‘Scooby’ y Henao. Al primero de ellos por concierto para delinquir y lavado de activos.
Consultamos al alcalde Jiménez sobre los negocios con tierras en Zaragoza en los que estaría involucrado y se limitó a responder: “Nunca he comprado tierras y menos en esa zona”. Al querer profundizar en los señalamientos de la Fiscalía no volvió a responder los mensajes.
El caso Puerto Berrío
Hay otros negocios cuestionados que tuvieron como protagonistas a estudiantes de la maestría de finanzas de la Sergio Arboleda. La compra de varias fincas en la zona rural de Puerto Berrío también ha generado sospechas en la Fiscalía, entidad que investiga la adquisición de esos bienes en un caso abierto en 2006 para encontrar las riquezas que obtuvieron ‘Macaco’ y el Bloque Central Bolívar por cuenta de sus actividades ilegales. El relato de uno de los protagonistas de la historia brinda algunos pormenores (y omite otros) sobre cómo se dieron las adquisiciones.
Yebrayl Hernán Cadena, un ingeniero civil que rindió una declaración juramentada ante la Fiscalía el 25 de noviembre de 2021, aseguró que él conoció Puerto Berrío, entre 2007 y 2008, de la mano de Francisco Ortiz, el ‘Maestrico’. Según dijo, ambos se conocieron mientras cursaban la maestría y el segundo le propuso hacer un negocio con predios en ese municipio antioqueño.
Cadena también se restó responsabilidad en las compras de 10 predios que hizo en 2007. A pesar de que admitió haber ido una vez a conocer un predio, dijo que no sabía dónde quedaban, ni cómo llegar a ellos, pero decidió comprarlos. “Francisco me trajo una promesa de compraventa como al mes, yo la firme y él legalizó. Yo firmé escritura acá en Bogotá, él llevó las escrituras a la Universidad”, se lee en la transcripción del interrogatorio, a la que tuvo acceso esta alianza periodística.
Igual que Puerto en el caso Zaragoza, Cadena afirmó que no supo el nombre de los propietarios a los que le compró las fincas. “Todo lo hizo Francisco, yo confiaba en él”, insistió. El negocio se tasó en unos 630 millones de pesos, pero, según dijo Cadena, él solo pagó 130 y para el restante firmó unas letras que nunca canceló. Cuando la fiscal le preguntó si tenía soportes del pago que hizo, el ingeniero respondió: “No tengo ningún soporte; yo le entregué el dinero en efectivo directamente a Francisco”.
En su relato Cadena se intentó desmarcar de las actividades que se hicieron en el predio mientras él fue su propietario. Según dijo, Ortiz se encargó de todo. Incluso, aseguró que no volvió a las fincas después de haberlas comprado y que aunque firmó un contrato de arrendamiento con un ganadero de la zona, nunca recibió dinero por eso.
Las inconsistencias
Un aspecto que llamó la atención de la fiscal que hizo el interrogatorio fue la transacción posterior que hizo Cadena. El ingeniero civil aseguró que él recibió 50 millones en Medellín por ese bien y firmó escrituras para traspasar la propiedad a Jorge Humberto Moreno Villegas, un ganadero que hizo parte de la junta directiva de Fedegán. Es decir, Cadena habría recibido en 2009, 80 millones menos de los que había pagado apenas dos años antes. Él explicó que lo hizo así para “salir de ese problema”.
Según la versión de Cadena, Ortiz dejó de contestarle el teléfono y no volvió a tener noticia de él, pero luego vio una nota en la Revista Semana que lo relacionaba como testaferro de ‘Macaco’. Por eso, según él, decidió vender. Sin embargo, lo hizo casi dos años después de la publicación. Además, revisamos el folio de matrícula inmobiliaria de uno de los bienes, la Hacienda Guadalupe, y el valor de la venta que hizo Cadena a una empresa llamada Sociedad Agroganadera La Malena se tasó en 1.110 millones de pesos, cifra que dista por mucho de los 50 millones que este último dijo haber recibido por los predios en Puerto Berrío.
El 14 de mayo de 2023 la Fiscalía publicó un comunicado de prensa en el que anunció el embargo de 10 predios que componen la Hacienda Guadalupe. Consultada por esta alianza, la Dirección de Justicia Transicional respondió: “Sobre estos bienes, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, decretó medida cautelar con fines de reparación, el 12 de mayo de 2023, toda vez, que se establecieron vínculos con la organización delictiva del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia”. Las fincas son administradas por el Fondo para Reparación a las Víctimas.
Los cabos sueltos
Otro detalle de su interrogatorio da pistas sobre la relación que tuvo Cadena y un hermano con el narcotraficante Ortiz. Según el ingeniero, su ingreso a la maestría en la Sergio Arboleda se dio gracias a un convenio que tenía una empresa minera de Ortiz. Lo explicó así: “Alguien me dijo que si quería hacer una maestría, no recuerdo quién, era de la parte económica, y a los seis meses me llamaron para iniciar la maestría”. Ese aparente golpe de suerte tendría una explicación que el ingeniero omitió en la declaración juramentada.
Ortiz y Javier Bernardo Cadena, hermano de Yebrayl, hacían negocios, por lo menos desde 2005. Ese año el narcotraficante fundó una minera llamada International Coal Mining and Trading (Incoal) y Javier Cadena fue nombrado miembro suplente de la junta directiva. Aunque Yebrayl se refirió a una empresa de carbón de Ortiz, en el interrogatorio no dijo que su hermano tenía cargos directivos en la misma. Incluso, en 2006 Javier Cadena pasó a ser miembro titular de la junta directiva y como suplente quedó su esposa.
En la declaración juramentada, Yebrayl Cadena reconoció que su hermano también había comprado predios en Puerto Berrío. Según dijo, de esos negocios se encargó Ortiz. En 2007 los predios que había comprado Javier fueron transferidos a Yebrayl, según este último, porque su hermano no tenía plata para pagarlos.
A pesar de que la Fiscalía avanzó en 2022 en labores de investigación sobre los Cadena, ambos hermanos siguen libres. Javier, según la página web del Colegio de Estudios Superiores de Administración, es docente de planta de esa institución. Además, habría sido consultor de Asobancaria y varias entidades financieras. Les escribimos mensajes de Whatsapp a ambos hermanos y enviamos correos electrónicos para conocer su versión sobre los hechos expuestos en este artículo, pero no obtuvimos ninguna respuesta.
Ortiz, el ‘Maestrico’, según un reporte de prensa, fue asesinado en la ciudad guatemalteca de Jocotenango el 25 de septiembre de 2008. Sin embargo, hay indicios de que fingió su muerte. El 6 de mayo de 2013, un auto del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó continuar con la investigación por lavado de activos contra Ortiz porque, según la página de la Rama Judicial: “la investigación en Guatemala sobre su fallecimiento salió negativa”. Sin embargo, casi un año después, el 10 de marzo de 2014, se ordenó cesar la persecución penal contra el ‘Maestrico’ porque, al parecer, se certificó su fallecimiento. Es decir, Ortiz habría muerto en la impunidad.
Riqueza de ayer, poder de hoy
Todos los señalamientos que se han hecho contra Roberto Jiménez, el hermano de ‘Macaco’, no impidieron que siga amasando poder político. Acaba de posesionarse como alcalde de Dosquebradas (Risaralda), cargo al que llegó luego de obtener 24.217 votos y ser apoyado por varios concejales de esa ciudad.
En campaña Roberto hablaba de sí mismo en tercera persona: “No tiene ninguna investigación de ninguna ía por nada”, dijo en una entrevista. Luego, en su ceremonia de posesión, intentó desmarcarse de los crímenes de ‘Macaco’: “En nuestro país no existen los llamados delitos de sangre, cada quien responde por sus actos, yo respondo por los míos y mi hermano ha respondido por los de él”.
Sin embargo, aparte de los señalamientos a él en el caso de las narcofincas de Zaragoza, esta alianza periodística encontró testimonios de víctimas de desplazamiento, recogidos por la Fiscalía, que lo responsabilizan de imponer bajos precios para comprar fincas en el corregimiento Piamonte de Cáceres (Antioquia).
Las declaraciones están en poder de la Fiscalía desde 2011, pero Roberto Jiménez no ha ido a juicio por los hechos. Uno de los dueños de una parcela de 84 hectáreas contó que se desplazó debido a la violencia en la zona rural de Cáceres. Un día le contaron que había personas invadiendo su finca y fue a ver de qué se trataba. Se encontró con los hombres de ‘Macaco’ que le dijeron que debía vender. Lo citaron dos veces: en la primera los paramilitares le ofrecieron 150 mil pesos por cada hectárea y en la segunda reafirmaron su imposición. En el último encuentro, según el declarante, quien les impuso el precio fue Roberto Jiménez. Los propietarios consideraban que el precio justo era de un millón por hectárea. “El señor Roberto nos dijo que eso era imposible, porque ellos no podían pagar más de esa plata”, aseguró el campesino. Al final el hermano del capo aceptó darles 300.000 pesos. Lo aceptaron solo porque se trataba de un familiar del temido narcoparamilitar.
La misma suerte corrió otro campesino del mismo corregimiento. Contó que su papá le heredó una parcela de 48 hectáreas de la cual se adueñaron los paramilitares. Un día, según su versión, lo mandó a llamar Roberto Jiménez. Él fue a la reunión. “(Roberto Jiménez) nos dijo que nos iba a pagar esas tierras, pero él fue el que les colocó el precio y nosotros tuvimos que aceptar lo que ellos decían porque esas tierras ya estaban en manos de ellos”, relató. Le dieron 12 millones por las 48 hectáreas: 250 mil por cada una.
Hay varios relatos más de campesinos del mismo sector que denuncian imposiciones de Roberto Jiménez. Aunque en 2013 había un proceso activo en la Fiscalía por concierto para delinquir, no es claro qué pasó con ese expediente. Le preguntamos a la entidad por los procesos en curso contra el alcalde de Dosquebradas, pero se negaron a darnos información aduciendo que no podían entregar datos sobre personas a particulares que no estén autorizadas por ellas.
Con sus propios recursos y los de su familia, Roberto Jiménez impulsó su carrera política. Así lo evidencian los reportes que hizo de financiación para su campaña a la Alcaldía de Dosquebradas. Según la información que el entonces candidato le entregó al portal Cuentas Claras, quedó consignado que él mismo aportó 201 millones, su esposa Jakeline Mona 43 millones y su hijo Paulo Roberto Jiménez 65 millones. En total, ellos tres invirtieron 309 millones.
Vía Whatsapp le pedimos una entrevista al alcalde Jiménez para abordar los casos de Zaragoza y Cáceres, y le envíamos preguntas, pero no recibimos respuestas y solo negó que haya comprado tierras en esos municipios. Pero sus palabras contrastan con el informe de la dirección de Justicia Transicional citado arriba, en el cual su nombre aparece vinculado con, por lo menos, ocho predios en Zaragoza.
La Sergio Arboleda y la Fiscalía
La operación de la presunta red de testaferrato expuesta en esta investigación se suma a varios hechos recientes relacionados con la Universidad Sergio Arboleda. Algunos de los cuestionamientos guardan relación con el fiscal general Francisco Barbosa.
El periodista Daniel Coronell reveló una denuncia según la cual Barbosa tuvo durante casi un año sueldo de la universidad, sin haber cumplido funciones. En defensa del fiscal general salió el exrector de esa universidad, Rodrigo Noguera Calderón, quien ejercía ese cargo mientras operó la presunta red de testaferros de ‘Macaco’. Noguera Calderón ha sido cercano a líderes del Centro Democrático como Iván Duque (graduado como abogado en la Sergio Arboleda) y Álvaro Uribe.
La hija de Noguera, Ana Catalina, fue mencionada en el marco del caso conocido como “Perla Negra”. Ella era directora de extinción de dominio de la Fiscalía y utilizó su cargo para concertar con un exnarcotraficante con el fin de interceptar ilegalmente las comunicaciones de un hombre. Por esos hechos fue condenada y espera conocer el detalle de la sentencia con relación a la pena a pagar. La red criminal “Perla Negra” extorsionaba narcotraficantes para engavetar sus procesos judiciales.
Contactamos a la oficina de Comunicación de la Universidad y envíamos un cuestionario con preguntas sobre lo expuesto en esta investigación. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo no recibimos respuestas.
A pesar de que han pasado más de 15 años, la Fiscalía todavía debe algunas respuestas sobre la presunta red de testaferros de ‘Macaco’. Estas se tornan aún más urgentes por las afirmaciones del capo en un documento dirigido a la JEP, según las cuales conoció movidas del paramilitarismo para impulsar la elección del exfiscal Mario Iguarán. Este capítulo es otra muestra de que falta aclarar la influencia que tuvo el narcoparamilitarismo en diferentes sectores de la sociedad y de la urgencia de perseguir las riquezas que todavía ostentan los excapos de esas estructuras criminales que obtuvieron a partir del desplazamiento, las amenazas y el tráfico de cocaína.
