El Gobierno consideró este viernes, 13 de enero, que sí hay un marco jurídico para levantar las órdenes de captura contra 16 paramilitares del Clan del Golfo y de Sierra Nevada, que serían los voceros de esas organizaciones dentro de la iniciativa de “paz total” del presidente Gustavo Petro.
Así lo aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada, al fijar la posición del Gobierno Petro, luego de que la Fiscalía le negó la solicitud de levantar las órdenes de captura contra ocho miembros del Clan del Golfo también conocidas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y ocho de Sierra Nevada.
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La Fiscalía envió este viernes oficios al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que le explican que “no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
En consecuencia, la Fiscalía “no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos como ‘Clan del Golfo’”.
Lo que dice el Gobierno de Petro
En una declaración en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo, Prada aseguró que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que se reanudaron los diálogos de paz en Caracas.
El funcionario explicó que esa Ley también hace referencia a conversaciones exploratorias con grupos armados de alto impacto del crimen organizado con miras a que se avance en su proceso de sometimiento y que no tiene estatus político.
Con base en esta nueva normativa, dijo Prada, el Gobierno solicitó a la Fiscalía la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las AGC y de Sierra Nevada, considerados como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado.
Explicó que, de esta manera, se busca que los representantes de esas organizaciones puedan participar en las mesas de diálogo que están adelantando “en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada paz total”.
El jefe de la cartera del Interior aseguró que “la única manera de tener la ‘paz total’ es la de avanzar en el desmonte de las organizaciones, tanto las que tienen estatus político, como las que no lo tienen. Unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen”.
Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial, indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía” para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República.
