El Acuerdo de Escazú, tras varios años de debate desde el años 2018, finalmente fue aprobado y será ratificado por el Gobierno Nacional a nivel internacional. El Acuerdo, que tiene como propósito la protección de líderes ambientales y busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando los derechos al acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia.
El presidente Gustavo Petro celebró la decisión que se tomó en plenaria de Proyectos de Ley de la Cámara de Representantes. “Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana”, fue el mensaje que compartió el mandatario.
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El presidente Gustavo Petro se posesionó en el Ejecutivo con la promesa de ratificar el Acuerdo de Escazú, que ahora espera únicamente su sanción presidencial para se ratificado ante los demás 23 países que lo firmaron en primera instancia. Al término de la plenaria, congresistas a favor del Acuerdo acotaron que la oposición trató de dilatar la discusión y alegaron que no conocían el Acuerdo, cuando lleva más de 4 años siendo discutido.
¿Qué busca el Acuerdo de Escazú?
De acuerdo con la Alianza, el acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos fundamentales: el acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia frente a hechos que afecten los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y los derechos humanos.
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Además, incluye por primera vez medidas concretas para la protección de las personas defensoras ambientales. Cabe mencionar que Colombia es el país en donde más defensores y defensoras ambientales se asesinan anualmente, según las últimas mediciones reveladas por la ONG internacional Global Witness.
La Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la que hace parte WWF Colombia, expone que el Acuerdo este no frena las inversiones ni detiene el desarrollo económico. Por el contrario, representa seguridad jurídica para los inversionistas, al apoyar que los sectores fortalezcan la implementación de las políticas ambientales y facilita que puedan acceder a nuevos créditos de la Banca Multilateral para el desarrollo de proyectos.