La ‘paz total’ es una bandera de Gobierno que ha abanderado el nuevo presidente Gustavo Petro desde que estuvo en campaña en las pasadas elecciones. Sus constantes mensajes hacia organizaciones armadas de todo tipo muestran que el mandatario tiene intenciones de dialogar con la mayoría de grupos que estén dispuestos a abandonar las armas. Uno de los proyectos de reforma que avanzan en este vía en el país ya fue radicado en el Congreso de la República.
Las modificación, según afirmó el ministro del Interior, Prada, busca avanzar de manera más efectiva y eficaz hacia los diálogos de paz con los diferentes actores armados. Y es que además de las medidas que ya se han anunciado y se han vuelto populares, el proyecto propone que la política de paz sea política de Estado, como lo afirmó el presidente de la Comisión de Paz el Senado de la República, Iván Cepeda.
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Por esto, se incluiría en la Ley 418 un artículo que ordena al Estado para que “asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”.
Como parte del centro de las actuaciones del Estado, la ‘paz total’ será compromiso de todas las entidades y ramas del poder público, quienes deberán siempre mostrar disposiciones en esta vía. Adicionalmente, el proyecto de reforma ordenaría que “los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
Se podrían suspender órdenes de captura en el marco de diálogos
El proyecto radicado busca, entre otras cosas, que se puedan suspender le ejecución de órdenes de captura en el marco de los procesos de diálogos de paz. Entonces, de manera temporal podrán suspenderse capturas “en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso de paz”.
En este sentido, en esas zonas delimitadas por el Gobierno, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá cómo duncionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población. De conformidad con lo que acuerden las partes en el marco del proceso de paz, el Gobierno al establecer las zonas deberá, además, establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de los grupos armados. Por último, el Gobierno deberá establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas mencionadas.
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No se acaba el servicio militar, pero se crea una alternativa
El Servicio Social Para la Paz es la alternativa que se crearía con la aprobación de esta reforma al servicio militar, por lo cual este ya no sería obligatorio. La reforma establece que este servicio tendrá una duración de 12 meses y que será remunerado en igual cantidad que el servicio militar. En total serán 5 modalidades en las que quienes elijan este servicio social podrán desempeñarse:
- Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
- Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
- Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
- Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
- Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
El proyecto aclara que este servicio será completamente reglamentado pasados dos meses desde que se apruebe esta reforma en el Congreso de la República y su implementación se hará de manera gradual.
Se crea el Fondo para la Paz
El fondo reunirá a los fondos ya existentes, mediante los cuales se asignan recursos para la implementación de la paz en el país, el Fondo de Inversión para la Paz y el Fondo Colombia en Paz y el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto, los cuales se volverán subcuentas del que sería creado.
El Fondo para la Paz será, entonces, una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas, cuyos gastos serán ordenados por su director o directora, bajo la orientación y el direccionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que actuará en consonancia de las decisiones adoptadas en la materia por el Presidente de la República, y el Gabinete de paz. De este fondo se podrán asignar recursos para reforma agraria integral, a través de las entidades competentes y que ejecuten programas de paz.
