La Policía debe entregar información relacionada con el Paro Nacional ocurrido en el año 2021, tras negativa a brindarla. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá tuteló los derechos del concejal Diego Cancino tras la negativa de la Policía Metropolitana de Bogotá de allegar información que permitiría hacer control político e investigar la impunidad de la violencia policial durante el Paro de 2021.
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“Negar información de manera intencionada es una práctica autoritaria que no garantiza transparencia, no profundiza la democracia y sí intensifica la impunidad. La policía nos negó información sobre lo que pasó en el Paro Nacional, nos dijo que no era competencia nuestra, que era un asunto de ellos, secreto. Eso no garantiza democracia”, dijo el concejal Cancino frente al fallo a su favor emitido por esta instancia judicial.
El cabildante indicó que su petición fue radicada el 16 de marzo y, en 16 preguntas, se solicitó información sobre (i) el nombre y cargo de los comandantes de los CAI y Estaciones de Policía de los lugares donde más se denunciaron casos de violencia policial; (ii) información sobre las intervenciones del ESMAD; (iii) la línea de mando durante el desarrollo del Paro de 2021; (iv) y las medidas para evitar la repetición de las retenciones y torturas al interior del Portal Américas de TransMilenio; entre otras.
Ante una negativa de respuesta, alegando cuestiones de forma, y una reiteración del concejal Cancino, la Policía Metropolitana aseguró en su respuesta a la solicitud que “al Concejo le está prohibido inmiscuirse en asuntos de otras autoridades”.
Sin embargo, en su fallo de tutela, el Juez Sexto Penal aseguró que: “no es de recibo el argumento esbozado por el representante de la Policía Metropolitana, pues el Concejo tiene como una de sus funciones ejercer el control político, si bien se dice que es sobre la administración municipal, también es un derecho en cabeza de todos los ciudadanos, en virtud del artículo 40 de la Constitución, que no puede ser limitado por la investidura de concejal y las funciones propias de los Concejos”.
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“Señores policía, así no es, sus acciones deben ser ejemplo de transparencia, ser admirables. La información es pública, tiene que brindarse a la ciudadanía. Negar información es un hecho absolutamente autoritario”, dijo el concejal, alegando además, que por eso es necesario hacer una reforma popular a la Policía, para no tener que volver a demandar por información y tener que perder tiempo.
El juzgado determinó que la información que está siendo solicitada es de carácter público y los argumentos para negarla carecen de fundamento, pues esta no es de reserva legal, constitucional o por motivos de seguridad nacional. “Por ello no pierde tal naturaleza, máxime cuando se trata de hechos acaecidos en la ciudad de Bogotá y no en una zona que pueda considerarse con graves problemas de orden público, por lo que es procedente la tutela para la protección del derecho a la información pública”, concluyó esta instancia judicial.
La información. según afirmó el concejal Cancino, permitirá seguir investigando qué sucedió en los portales e instalaciones de TransMilenio y conocer quién habría dado la orden de usar el sistema de transporte público como un centro de detenciones y tortura.
“Esta tutela que ganamos es un gesto democrático. Es por eso que necesitamos una reforma popular a la policía para que la información sea transparente y para que la policía sea democrática y trabaje por la vida”, afirmó el concejal Cancino sobre este fallo a su favor.
Los hechos que se dieron en las manifestaciones del Paro Nacional del año 2021 ya cumplen más de un año desde sus inicios y varios asesinatos producidos en el marco de estas aún son motivo de investigación. En varias ciudades del país, como en Cali, ya se han tomado acciones judiciales en contra de uniformados de la Policía Nacional por asesinatos dados en el marco de estas movilizaciones. Hace poco menos de un mes, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el ciudadano Andrés Escobar, cuatro civiles y doce policías señalados de estar involucrados en disparar indiscriminadamente contra manifestantes durante el Paro en el sector de Ciudad Jardín de la capital del Valle.
Además, la Procuraduría formuló pliego de cargos a tres oficiales de la Policía Metropolitana de Cali por posible omisión en el ejercicio de sus funciones luego de que civiles, utilizando armas de fuego, agredieron a personas que participaban en las protestas convocadas el 28 de mayo de 2021 para conmemorar un mes del inicio de las manifestaciones.
