El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afrontó el pasado martes una moción de censura en la Cámara de Representantes, por su responsabilidad política en una operación militar que el 28 de marzo dejó 11 muertos en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo.
Esa operación contra presuntos disidentes de las FARC ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y congresistas que aseguran que dentro de las víctimas había civiles inocentes que participaban en un bazar desarrollado en el caserío de la zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo). Organizaciones sociales han denunciado que entre los muertos están Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) de El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
Algunos senadores como los representantes coinciden en que Molano debe dejar su cargo, pues es el primer responsable políticamente por las inconsistencias presentadas en esta operación, que ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La representante a la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda se despachó contra Molano, al cual le dijo: “¿cuántos hombres, mujeres, embarazadas y niños asesinados necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo?”.
Su indignación en el debate de moción de censura también se debe a una denuncia que ha abanderado que expone inconsistencias en el número de personas asesinadas en la operación. Alegó, con pruebas, que fueron 13 y no 11 las víctimas mortales, explicando con diversos documentos.
En primer lugar es importante recordar que el Ministerio de Defensa y el presidente Iván Duque señalaron tras la operación que se había logrado la “neutralización” de 11 disidentes de las Farc y tras los cuestionamientos emitió un listado en donde se exponían los nombres de las personas asesinadas. La discordia entró cuando en otro conteo se expusieron el mismo número de personas muertas, pero dos nombres no coincidían: estas fueron las diferencias entre los informe del Ejército y el de la Defensoría del Pueblo - entidad que citaba resultados de la Fiscalía y Medicina Legal-.
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Tras la exposición de estas inconsistencias en el debate de moción de censura contra Molano en la Cámara de Representantes, el funcionario, entre varias declaraciones, comentó que esta diferencia en los listados responde a una confusión de la Fiscalía con respecto a los nombres de las víctimas y que posteriormente se emitió un listado oficial.
Sobre la operación, el ministro tomo posición en defensa argumentando que Putumayo enfrenta un fenómeno creciente de narcotráfico a pesar de sus demás prosperidades económicas. Por eso, afirmó, estas acciones armadas son necesarias en el departamento. “La vida del Putumayo se debe defender porque está en la frontera y debe protegerse”, fueron sus palabras.
De igual manera, sostuvo que los guerrilleros disidentes disfrazaron, en medio del bazar que se llevó a cabo el 28 de marzo, sus actividades criminales. Su justificación fue mostrar fotos de personas armadas en una caseta, en frente de una mesa con bolsas de pasta de coca. Aseguró que los disidentes obligan a la población civil a asistir a los bazares que describió como ‘narcocoaleros’. “Les han coartado la libertad, los obligan a cultivar la hoja de coca y llevarla a esos bazares”, dijo.
Al término de la intervención de Molano y para concluir el debate en esa plenaria, la representante Miranda reiteró que el funcionario “le está mintiendo al país”, pues las inconsistencias no han sido aclaradas. “Me está diciendo que esos dos nombres que aparecen en la Defensoría del Pueblo fueron una equivocación. O sea, ya no mataron a Jose Antonio Peña Otaya, que ustedes decían que era alias ‘El Crespo’, que pertenecía a la seguridad de ‘Bruno’ y ya no mataron a Alexander Peña que dijeron que estaba al servicio de Rogelia, sino que mataron a Daniel Paredes Sanjuan y Lizandro Paredes Sanjuan que pertencieron al Ejército”.
“Tengo una entrevista de la hermana de José Antonio Peña Otaya, que asegura que su hermano sí está muerto y lo mató el Ejército. ¿Entonces cuántos muertos son? No son 11 solamente los muertos que existen, les mienten a la ciudadanía”, fueron las declaraciones de la representante tras la intervención del ministro.
Es importante mencionar que la Defensoría del Pueblo emitió un informe aclaratorio en el que expuso el error que se habría cometido y que no hubo duda de la muerte de José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz. “Por error la fiscal URI de Mocoa, el 30 de marzo entregó al Regional Putumayo dos nombres equivocados de los occisos. Los dos señores Paredes no aparecen como víctimas del Alto Remanso, sino los señores José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz. Esto se determinó con posterioridad a la elaboración y publicación del informe” expuso puntualmente la Defensoría.
Ahora, después del debate de moción de censura, la votación se llevará a cabo en un plazo no máximo a los 10 días y además, la ciudadanía, los congresistas y las organizaciones sociales quedan a la espera del informe oficial de la Fiscalía General de la Nación, que aclararía las condiciones en que se dio la susodicha operación, que ha generado toda una ola mediática y política en el país.
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