Un expediente judicial hallado por esta alianza periodística contiene documentos confidenciales de la Fiscalía, fechados entre 1993 y 2004, que revelan supuestos vínculos entre la familia Char y el llamado Cartel de la Costa, una organización criminal liderada entonces por Alberto Orlande Gamboa, alias ‘El Caracol’.
En los documentos del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) contenidos en el expediente sobresale el apellido Char, uno de los clanes políticos y empresariales más influyentes del país, al que pertenecen Arturo Char (senador y aspirante a la reelección) y su hermano Álex Char, exalcalde de Barranquilla y precandidato presidencial. Ambos, según la exsenadora Aída Merlano (prófuga y condenada por corrupción electoral), participaron en la compra de votos para las elecciones al Congreso en 2018.
El oficio DS CTI 426 del 26 de abril de 1996 relacionó a los Char con la bonanza marimbera y la cocaína traficada por el Cartel de la Costa. El documento sostiene que los hermanos Fuad Char (padre de Álex, Arturo y Antonio), Habib Char (que en el expediente aparece escrito como Jabith, Jabid y Habith), Farid Char (escrito Farith), Simón Char y David Char (hijo de Habib) formaban parte de un grupo que se dedicaba al narcotráfico, o colaboraban “a través del testaferrato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros punibles”.
Son 28 páginas firmadas por Álvaro Vivas Botero, en aquel momento director seccional del CTI en Barranquilla, y enviadas a Carlos Roberto Solórzano Garavito, entonces director nacional (encargado) de ese cuerpo. Este y otros informes están incluidos en un expediente recopilado por la UNAIM, Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima (hoy Dirección Especializada contra el Narcotráfico) con el radicado 114 en contra de Orlande Gamboa, alias ‘El Caracol’, descrito en el informe del CTI como “un narcotraficante con mucho poder económico, temido más que respetado”. Orlande Gamboa tenía detrás delincuentes “más relevantes”, “más discretos” y “con cuello blanco”.
Durante seis meses, una alianza de periodistas y medios reunidos en La Liga Contra el Silencio revisó 78 cuadernos y 16.000 folios del expediente 114. Las pesquisas insinuaban la responsabilidad de Orlande Gamboa y sus cómplices en el secuestro y asesinato del capo José Francisco Valdeblánquez Levette y de su escolta, Edwin González Llerena. En el cruce de información y datos entre distintos organismos y dependencias de la Fiscalía, se anexaron los informes que aluden a los Char y a otros poderosos de la Costa Atlántica.
El archivo judicial contiene interrogatorios, fotografías, fichas personales, seguimientos, registros notariales, certificados, consultas en la Registraduría, búsquedas de antecedentes e informaciones en las agencias de seguridad de Estados Unidos. También menciona a otras familias poderosas del Atlántico, revela nombres de sicarios, listas de colaboradores, fiscales, jueces y exministros; testaferros, despachadores de droga, recibidores, asesores jurídicos y políticos.
Los nombres y apellidos varían en su redacción, y hay errores en parentescos y fechas. En algunos casos no se pudieron rastrear los nexos ni comprobar todas las identidades, pero los números de cédula, las anotaciones biográficas, económicas y comerciales coinciden con el contenido de otros expedientes, artículos de prensa y documentos desclasificados del Departamento de Estado y la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE. UU), lo que confirma que, al menos el informe del CTI, se refería a los Char.
Una larga lista de nombres
Las dudas sobre el pasado del clan Char son vox populi en algunos círculos sociales y políticos de Barranquilla. Durante años los ha perseguido una leyenda que ellos se han empeñado en ignorar. Cuando se indaga, de inmediato surge una guardia alrededor. Casi nadie habla de ellos. “Más que todo por temor”, admite una fuente. “Les tienen envidia. Todo se convierte en rumores; nadie ha visto jamás un papel que los incrimine”, dice alguien cercano.
Después de un largo periodo en el fondo de un archivo, ese papel ha salido a flote. El oficio DS CTI 426 resultó de las averiguaciones de un investigador judicial identificado con el código 174. En las primeras páginas Álvaro Vivas Botero, el exdirector del CTI en Barranquilla, quien lo firma, expuso dudas: no sabía si debían “congregar bajo una sola razón social” a todos los narcotraficantes de la Costa. “No se conoce la existencia de un grupo de personas oriundas de esta región organizado de manera jerárquica bajo una misma estructura. Existen narcotraficantes con demasiado poder económico, unos más que otros, quienes en oportunidades seguramente se pondrán de acuerdo en su actuar delictivo, pero se desconoce que uno sea jefe y que existan conductos regulares”, escribió.
Un mayor retirado de la Policía que trabajó en la búsqueda y captura de narcos en la Costa, respalda esta hipótesis: para él no había una estructura como la de Cali o Medellín, pero sí un control de Orlande Gamboa como una especie de ‘padrino’. “Si alguien quería sacar droga por la Costa, había que preguntarles a ellos porque controlaban los puertos”, sostiene. En el año 2000 Orlande Gamboa fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una pena de 40 años por conspiración de narcotráfico.
Cuando elaboró el informe, Vivas también expuso que el narcotráfico en la Costa se evidenciaba “en el desarrollo acelerado de la construcción y millonarias inversiones de la industria y el comercio”. Sobre los Char escribió: “Mencionar a la familia Char (escrito Chard) (…) parece además de irreverente, irresponsable”, pero, aun así, plantea dudas sobre los orígenes de su enriquecimiento y recomienda evaluar y analizar los datos, así como consultar con Interpol los registros que pudieran existir en otros países.
En lo que denominó un “cuadro ilustrativo” que “no es propiamente un organigrama”, (La Liga se abstiene de publicarlo porque no fue posible verificar todas las identidades), el exdirector seccional del CTI presentó seis supuestos grupos de “los narcos más conocidos” encabezados, entre otros, por Orlande Gamboa. En el renglón que lidera Habib Char Abdala (escrito Jabid), aparecen David Char Abdala (aparentemente se refiere a David Char Navas, político condenado por parapolítica, hijo de Habib y mencionado en otros papeles del expediente); Fuad Char Abdala y Simón Char Abdala y familia; también figuran los hermanos Galeano y Salomón Camacho, de Medellín; y Giovanni Caicedo, del Cartel de Cali.
En total son 72 nombres. Algunos están hoy tras las rejas, otros fueron asesinados o salieron absueltos. Sobre otros más no prosperó ningún proceso judicial, como parece haber ocurrido en el caso de Fuad Char, sus hermanos y dos de sus sobrinos.
“El más poderoso de la costa”
El oficio 426 afirma que en los años 67 y 68 varios miembros del clan “Habib Char Abdala y hermanos (escrito Jabith Chard)” introducían al país medicinas caducadas que luego reempacaban. El vertiginoso enriquecimiento de la familia, dice el informe, empezó en los setenta, cuando traían de Estados Unidos dólares destinados a traficantes de marihuana.
En los ochenta, los Char, siempre según el oficio 426, comenzaron a fabricar las pastillas “Yumbo 767″ (en referencia a los aviones) con una sustancia, la metacualona, llamada también mandrax, altamente adictiva, con efectos eufóricos y sedantes. Las exportaban a Estados Unidos y Centroamérica, y para moverlas a nivel nacional contaban con varios socios.
El químico farmaceuta que elaboraba las pastillas, asegura el oficio, era Alberto Júbiz Hazbún (escrito Habis Hazbun), detenido y encarcelado durante cuatro años por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Júbiz Hazbún recobró la libertad en 1993 tras probar su inocencia. Falleció por un paro cardíaco en abril de 1998, mientras esperaba el resultado de una millonaria demanda contra el Estado.
Un abogado e investigador que rastrea a los Char hace décadas, y que habló bajo reserva por seguridad, sostiene que la metacualona también fue borrada de la historia barranquillera y de los registros de la Policía Judicial: “Hizo mucho daño porque acabó con una generación de jóvenes. Y con menores de edad. Los empresarios que estaban detrás de este cartel dejaron de traer las pastillas de Europa porque se dieron cuenta que era más fácil producirlas en Barranquilla. Frente a esto nunca hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación”, dijo.
Las investigaciones del agente 174 también atribuyen a los Char alianzas con Samuel Alarcón, narco asesinado en la cárcel Modelo de Bogotá en enero de 1995; apoyo logístico y político al Cartel de la Costa, y “participación” en los asesinatos de José de la Espriella (un abogado y periodista conocido como ‘Chepe’) y ‘Kiko’ Valdeblánquez, entre otros.
De Habib Char (escrito Jabith) el informe dice que en aquellos años era considerado “el hombre más poderoso de la Costa”; que exportaba heroína junto a los hermanos Galeano, de Medellín; que los contactos para esas operaciones las hacía su hijo David; que los embarques llegaban a las islas de Aruba, Curazao, Bonaire y Puerto Rico; y que de ahí viajaban a Estados Unidos por un sistema que llamaban ‘carga seca’.
En mayo de 2012 el entonces presidente Juan Manuel Santos nombró a Habib Char embajador en República Dominicana. “Sé que va a ser un gran embajador porque lo conozco, porque sé de sus cualidades personales, de su don de gentes, de su capacidad empresarial”, dijo Santos.
En las actividades de las que se acusa a Habib también participaban, supuestamente, Farid Char (escrito Farith Chard, otro de los hermanos, fallecido el 28 de junio de 2017) y Simón Char (escrito Chard, fallecido el 4 de enero de 2021), “quienes se iniciaron en el negocio del narcotráfico en la década de los setenta, cuando eran contratados por los marimberos para el transporte de sus dineros”.
A Simón Char Abdala (escrito Chard) lo incluyen entre los lavadores del Cartel de la Costa: “Utiliza el avión personal de Fuad Char (escrito Chard) para introducir dólares al país”. De Fuad, exgobernador, exministro, exsenador y exembajador en Portugal, se dice en este oficio que ofrecía respaldo político al cartel. La información, según consta en el documento del CTI, se estaba procesando con el fin de judicializarla.
Otro informe, el 093, fechado en Barranquilla el 16 de abril de 1999, ordenó adelantar investigaciones contra Habib (escrito Jabith), David, Fuad y Simón Char, junto a Luis Galeano, “por posible enriquecimiento ilícito”. Firmado por el investigador judicial Carlos Armando Roa, el informe iba dirigido a Carmen Martiza González Manrique, entonces directora seccional del CTI en Barranquilla; y a Fernando Niño Quintero, jefe de la Sección de Información y Análisis.
A Habib Char Abdala se le siguió “una investigación previa” bajo el radicado 5036 de la Fiscalía Regional de Barranquilla “por el delito de Enriquecimiento Ilícito y Terrorismo”. Sobre Fuad se asegura que hubo una investigación dentro del radicado 6451 en esa Fiscalía por el delito de violación a la ley 30/86 (aún vigente parcialmente y conocida como Estatuto Nacional de Estupefacientes), y se envió a la Corte Suprema “por competencia, toda vez que el antes citado es Senador de la República”.
En este punto las fechas no coinciden. Según el escrito, el 28 de marzo de 1986, mediante el oficio 468 se trasladó la investigación a la Corte Suprema, pero ni la Fiscalía existía aún (se creó en 1991) ni el caso de Fuad era competencia de la Corte, pues en 1986 era gobernador del Atlántico. La Liga presentó un derecho de petición a la Corte sobre esto. Del oficio 468 no hay rastro, pero sí de once procesos similares, todos archivados. Uno de ellos, el radicado 11627 del 8 de abril de 1996, es la denuncia de un ciudadano que acusa a Fuad Char de “narcotraficante, contrabandista y lavador de dólares”. Un fiscal regional abrió una indagación previa y concluyó que la denuncia era “un libelo”. El magistrado Nilson Pinilla Pinilla archivó el proceso con una providencia del 5 de marzo de 1999.
Otro radicado, el 26234 del 6 de octubre de 2006, se archivó un año después en la Corte Suprema. Los delitos atribuidos al patriarca Char y a otros congresistas de la Costa (Alfonso Campo Escobar, Hernando Pinedo Vidal, José Joaquín Pérez Vives, Luis Eduardo Vives Lacouture y Miguel Pinedo Vidal), eran enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión de impuestos. La denuncia no prosperó mediante una providencia del 27 de julio de 2007, del magistrado Alfredo Gómez Quintero.
En los documentos que revisó La Liga hay constancia de que la Fiscalía ordenó solicitar fotocopias de las escrituras públicas de constitución, reformas, aumento de capital y nombres de los socios nuevos de una supertienda y droguería Olímpica abierta el 29 de octubre de 1997. Igualmente se solicitaron certificados de existencia y representación legal del equipo Junior de Barranquilla y de la cadena de almacenes SAO.
La Fiscalía también pidió información patrimonial y personal de Jimmy Char (hijo de Habib) y “adelantar actividades de inteligencia” para comprobar si el narcotraficante Danilo Caballero Pabón, extraditado a Estados Unidos en 2004, le había transferido bienes.
Denuncias de corrupción
La gravedad de los hechos que expuso el oficio 426 no fue suficiente para abrir un proceso judicial contra los Char, o al menos así se desprende del expediente 114. Pero Vivas Botero no se rindió. En el oficio 01263 de noviembre de 1996, dirigido a Alba Celemín de Rosales, entonces directora regional de Fiscalías en Barranquilla, el funcionario envía fotocopia del informe 426, avisa que se trata del narcotráfico en la Costa y de personas que estarían vinculadas. Vivas Botero le ruega que abra un estudio para una investigación preliminar; se pone a la orden para que el CTI le brinde el apoyo que necesite y le aclara que la información ya había sido puesta en conocimiento de Armando Camacho Esquivel, el anterior fiscal regional.
A Celemín de Rosales la llamaban ‘la dama de hierro’. “Muy dura con algunos, pero bastante blanda con otros”, dijeron personas que la conocieron. Cercana a la alta sociedad barranquillera, Celemín había llegado a la Fiscalía Regional en septiembre de 1996. Su antecesor, Camacho Esquivel, solo había permanecido nueve meses en el cargo.
El 19 de septiembre de ese año Camacho Esquivel renunció en una rueda de prensa y denunció casos de corrupción en la Fiscalía. Dijo que se había perdido un expediente sobre varios sindicados de narcotráfico y que se había expedido una orden falsa de libertad a una persona presa en Santa Marta, acusada de transportar un cargamento de marihuana. Con su renuncia, agregó, quería dejar el camino libre para que el Fiscal General de la Nación (Alfonso Valdivieso) investigara una situación que comprometía a varios empleados.
En enero de 1997 Vivas Botero le escribió de nuevo a Celemín de Rosales. En el oficio 00107 de enero 29 le pregunta si ha designado a un fiscal que estudie el informe presentado casi un año atrás. En el expediente no consta ninguna respuesta de la fiscal. Sí hay un nuevo informe, el radicado 36378 del 30 junio de 1999, donde la fiscal regional María Gelvez Albarracín pide retomar las conclusiones del escrito 426 y verificar la identidad y los antecedentes, actividades y relaciones comerciales de las personas mencionadas en ese oficio. La Liga presentó un derecho de petición a la Fiscalía con preguntas sobre las investigaciones contra los Char, pero el 23 de febrero se venció el plazo legal y no hubo respuesta. La Liga interpuso una tutela para obtenerla.
El 23 de abril de 1998 un investigador del CTI compareció en la Fiscalía Regional Delegada ante el DAS. Responsable de un informe presentado en mayo de 1995, el agente había sido asignado a una misión en Barranquilla para iniciar la investigación por la muerte de ‘Kiko’ Valdeblánquez, el famoso guajiro de la bonanza marimbera. En su declaración, el investigador ratificó lo que había dicho en su informe: la corrupción institucional había llegado “a un punto tan delicado” que funcionarios del DAS y de la Fiscalía “colaboraban con el Cartel de la Costa”.
“Todo estaba permeado. Todo”, confirma el mayor retirado de la Policía que consultó La Liga. “La DEA financiaba al Bloque de Búsqueda para que no tuviéramos que llegar a instalaciones de Policía, ni Fiscalía, ni recurrir a policías locales. Trabajábamos directamente con la UNAIM en Bogotá. Desde allí se solicitaban las órdenes de allanamientos, capturas, interceptaciones telefónicas y seguimientos”, sostiene.
En el Caribe colombiano, durante los años noventa, muchos narcos se movían a sus anchas. En 1994 el director del DAS en el Atlántico era Emilio Vence Zabaleta, de quien se dice en el oficio 426 que recibió 30 millones de pesos “de parte del Caracol” por devolver una avioneta decomisada. A Vence Zabaleta se le acusó en 2005 de montar falsos atentados contra el presidente Álvaro Uribe para congraciarse con sus superiores. Fue absuelto en 2007.
El poder del clan
La historia dice que el apellido Char es de origen sirio. Ricardo Char Zaslawy, el padre, llegó a Colombia en 1926 y se casó con Erlinda Abdala, de origen libanés. Se instalaron en Lorica, Córdoba; pero a mediados de los años cincuenta se trasladaron a Barranquilla, donde tuvieron siete hijos: Fuad, Farid, Habib, Simón, Ricardo, Miguel y Mary, la única mujer. Sobreviven, además de Fuad y Habib, Miguel y Mary. El rastro de Ricardo se perdió hace años, y cuentan que se alejó de la familia. Otros aseguran que era díscolo y por eso lo apartaron. “Está vivo, tiene un almacén de ropa y no quiere saber nada de sus familiares”, dicen unos. “Falleció hace tiempo y es un tema del que no se habla”, dicen otros.
Los Char son la quinta familia más rica de Colombia, con un patrimonio que sumaba 432 millones de dólares en 2019, según la revista Forbes. Dueños del equipo Junior, la casa matriz de sus negocios es Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., que en 2018 reportó 5,6 billones de pesos en activos. Del grupo empresarial forman parte Sonovista Publicidad S.A., Portales Urbanos S.A. y el banco Serfinanza, entre otras empresas.
El portal Cuestión Pública, aliado de La Liga, constató que en 2005 compraron Golden Gate International Corp LLC, con sede en Delaware, Estados Unidos. Esta empresa es una entre diez sociedades offshore de las cuales Fuad Char es beneficiario en al menos siete, según una investigación de Connectas y el diario El Espectador. Las sociedades offshore son paraísos fiscales en el extranjero que ofrecen protección de activos, confidencialidad y ventajas tributarias.
La maquinaria electoral que han construido los Char es capaz de definir la Presidencia de la República. Además ponen alcaldes y gobernadores, tienen bancada en el Congreso y fichas clave en organismos de control (como la procuradora Margarita Cabello o Ana María Aljure, la actual directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi).
A sus casi 85 años, Fuad Char sigue siendo el estratega del clan. Su dinero cubrió los incumplimientos en las concesiones que le fueron adjudicadas a empresas de su hijo, como la doble calzada de Bogotá a Girardot, de la que Álex fue socio junto a los Nule -uno de ellos, Guido, hermano de su esposa-, condenados por el carrusel de la contratación. Fuad también pagó el incumplimiento de un contrato con la DIAN donde estuvo implicado Álex antes de ser alcalde de Barranquilla.
Contra Álex Char hay más de 40 investigaciones ‘dormidas’ en la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Su estrategia ha sido apostar por las grandes obras en la ciudad con un cuestionado modelo de contratación junto a una narrativa que condena cualquier crítica.
Fuad Char, dicen quienes lo conocen, no digiere las derrotas con facilidad. Cuando apuesta, lo hace convencido de que va a ganar. Su obsesión ahora es acompañar a su hijo en el camino a la Presidencia. “Fuad hará lo que sea para que Álex llegue a presidente. Pase lo que pase y cueste lo que cueste”, resume una fuente.
*La Liga Contra el Silencio intentó conocer la versión de Fuad Char, sin éxito.
