El Gobierno expidió un decreto con el que reafirma la protección de piezas y áreas sumergidas como el galeón español San José, hundido frente a Cartagena en el siglo XVIII por corsarios ingleses y cuyo pecio (resto de una embarcación que ha naufragado) fue hallado en 2015, informaron este jueves fuentes oficiales.
”Poco a poco hemos ido construyendo una política pública que le permitirá a Colombia mostrar al mundo la defensa sólida del patrimonio arqueológico y cultural de la humanidad, contenido en el galeón San José”, afirmó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien tiene a su cargo los asuntos de esa embarcación.
Ramírez agregó que el decreto 204 de 2022, que fue expedido el pasado martes 8 de febrero, deja “un marco jurídico sólido e incontrovertible para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación y las zonas de influencia”.
El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
Tras el anuncio del hallazgo del pecio, en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España porque el país europeo aduce que por tratarse de “un barco de Estado”, le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.
El Gobierno ha asegurado que no pagará el rescate del San José con el patrimonio que se halle en el pecio, como había previsto la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Para rescatar el San José, el anterior gobierno puso en marcha un proceso de contratación mediante una Alianza Público-Privada (APP) que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del pecio, pero la Administración de su sucesor, Iván Duque, la suspendió por el temor a que se pueda perder patrimonio nacional.
”Habría sido totalmente irresponsable entregar los hallazgos que se encuentran en este patrimonio para el lucro de unos anticuarios, una vergüenza para las generaciones futuras de colombianos”, recalcó Ramírez hoy.
Registro arqueológico sumergido
El decreto señala que las piezas y áreas sumergidas estarán en un registro nacional con el cual se tendrá un inventario para identificar, documentar y visibilizar el patrimonio cultural sumergido de Colombia.
Ese registro contendrá información determinada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), dependiendo de los hallazgos, y luego se incorporará en un instrumento de ordenamiento marino costero de la Dirección General Marítima (Dimar).
También permitirá la aplicación de medidas especiales de protección para él área de influencia donde se encuentran ubicados estos bienes, que ahora serán denominadas Áreas Arqueológicas Protegidas.
”Los patrimonios sumergidos son invaluables, de ahí la responsabilidad de protegerlos hasta cuando se puedan extraer, contribuyendo con la historia de Colombia, el Caribe y el mundo”, expresó la vicepresidenta y canciller.
