Mientras el pasado viernes 24 de diciembre, los colombianos estaban celebrando la Navidad, en la Procuraduría se ejecutaba la firma del decreto que reformó la estructura del Ministerio Público y que incluye a su nómina 1.208 nuevos cargos.
Esto agrega a sus costos, alrededor de 11.930 mil millones de pesos en su presupuesto, solo para este nuevo talento humano.
Según el documento, los cargos, cuyo proceso de selección no ha sido definido, por lo que en un principio, serían de libre remoción y nombramiento.
El Decreto fue el 1851 de 2021, fue firmado por el presidente Iván Duque; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y el director de Función Pública, Nerio Alvis.
Sobre este decreto que ha generado polémica, la Procuraduría respondió a El Tiempo que “la Procuraduría General de la Nación tiene una carga laboral, en materia disciplinaria, de aproximadamente 70.000 procesos activos. De ellos, hay en peligro de prescripción más de 12.000 procesos que deben ser evacuados de manera célere”.
Cabe recordar, que en junio la procuradora general, Margarita Cabello, negó tajantemente que este decreto a la reforma del Código Disciplinario crearía miles de cargos nuevos en la Procuraduría, hecho que al final ocurrió, con salarios que oscilan desde los 3 hasta los 34 millones de pesos.
Caso Petro
El ente recordó que hacía estas reformas para cumplir el fallo de la Corte IDH “que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.
En agosto de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una sentencia contra el Estado colombiano por la violación de los derechos políticos del exalcalde de Bogotá y actual senador, Gustavo Petro, a raíz de una sanción de la Procuraduría General.
Petro fue destituido del cargo de alcalde de Bogotá en 2013 por orden de la Procuraduría General, que lo encontró responsable por fallas en una iniciativa para la desprivatización del servicio de recolección de basura.
Durante la audiencia por este caso, celebrada en febrero, Petro aseguró a los jueces que su destitución fue parte de una persecución de sus opositores políticos, debido a una serie de decretos que firmó como alcalde de Bogotá y por su ideología izquierdista.
En el fallo publicado, la CIDH concluyó que el proceso disciplinario seguido contra Petro «se vulneró el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de la imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa».
La sentencia explica que una sanción de inhabilitación o destitución contra un funcionario electo democráticamente, que se produzca por vía de autoridad administrativa y no por condena, por juez competente, en proceso penal, es contraria a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
