En la última semana hemos sido testigos de la consolidación del camino más seguro a la reducción de libertades públicas, derechos civiles, seguridad jurídica y la generación de ingresos importantes para Colombia. El lunes se llevó a cabo la aprobación de los cerca de 160 artículos que reglamentan la Justicia Especial para la Paz, más conocida como JEP, que, entre otras cosas, busca empoderar a los operadores ‘jurídicos’ de esa jurisdicción con la potestad para limitar los derechos fundamentales, los derechos civiles y las libertades públicas de quien se encuentre ‘encartado’ en esa jurisdicción. Obviamente, ninguna de esas potestades irían en contra de los cabecillas de las Farc, responsables por delitos de lesa humanidad.
Los atropellos a la Constitución Política de Colombia, al ordenamiento jurídico en toda su extensión, a los postulados constitucionales y procesales para la creación de normas jurídicas, ordinarias y constitucionales han sido vulnerados en nombre de “la paz”. En la campaña del plebiscito por “la paz” se evidenció, en múltiples foros y medios de comunicación, que las Farc llegarían al Congreso de la República, a gobernaciones y alcaldías sin pisar un tribunal, sin que las víctimas de las Farc sintieran un solo milímetro de justicia restaurativa por las conductas desplegadas por el secretariado de las Farc y su “flota” de mercenarios. En una democracia constitucional seria, donde las reglas del derecho imperen, eso no sucedería.
También en su momento se denunció que, en nombre de los acuerdos de La Habana se negociaría la justicia. Eso ya es más que evidente, el hecho de que las Farc no entregarían los bienes, y que la totalidad de las armas no serían entregadas, como se manifestó en un principio. Con la JEP, que ya está reglamentada, no se les da un tratamiento vertical y ejemplar a quienes son desertores de las Farc. Hoy, solo en Antioquia, han abandonado las zonas de reincorporación cerca de 600 guerrilleros que han vuelto a las armas –ya vemos cómo– pese a la solicitud de Estados Unidos de combatir con mecanismos fuertes de erradicación de cultivos esas más de 180.000 hectáreas de coca.
Ya vemos lo que está sucediendo en el Pacífico de Nariño, en donde ya hay grupos con grandes cantidades de armas y dinero coordinando actividades ilícitas en esa región; quien comanda ese grupo estuvo hasta hace muy poco en una zona de reincorporación. ¿De dónde salieron las armas?, ¿no se habían entregado todas a la ONU? Hay muchas dudas y cuestionamientos, como los colados en los listados de las Farc, muchos de los cuales eran narcotraficantes solicitados en extradición, jefes de oficinas de sicarios, miembros activos del Eln, y cuanta persona dedicada a los más bajos ilícitos en el mundo del hampa, de las más de 14.500 que están incluidas en las listas de las Farc.
Hoy son examinados más de 500 nombres, que seguro serán excluidos, y bajo la lupa otros cientos que generan sospecha y reparo. Es lamentable que esos listados sean secretos, y más lamentable que no se indague sobre las responsabilidades de ese absurdo; por mucho menos, a Luis Carlos Restrepo le abrieron un proceso por el que está en el exilio; la necesidad de recuperar la legitimidad y el respeto del Estado de derecho, de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico hace imperioso promover un referendo o asamblea nacional constituyente para esas grandes reformas que requiere la sociedad y reivindicar los derechos que le asisten a las víctimas de las Farc.
