Luego de difundirse el llamado de la oposición a una contundente resistencia civil, en el contexto de no estar de acuerdo con todo lo que ha acordado el Gobierno Nacional con las Farc en La Habana, dado que el grupo guerrillero no pagará sus delitos con penas privativas de la libertad, asunto que se entiende como total impunidad, y que las penas alternativas para miembros de esa organización narcoterrorista estarían fuera del marco de plena justicia, así lo han reiterado múltiples organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch, cuyo director manifestó que el acuerdo de justicia entre Gobierno y Farc es un “jaque mate a la justicia”.
Al tiempo que el anuncio hacía revuelo y aunque muchos, de manera desacertada, calificaron el llamado a la resistencia civil como un disparate o manifestaciones delirantes; salía el comunicado conjunto de La Habana 69, el cual, de manera extraña, coloquial y sin rubor alguno, da instrucciones al Congreso de Colombia para que prevarique o cometa graves errores en la producción legislativa en nombre de la paz. Así es, en dicho comunicado se expresa que, en aras de brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, el Gobierno Nacional y las Farc acordaron conforme a instrumentos jurídicos internacionales y al derecho interno.
El Gobierno antes del 18 de mayo de este año, es decir esta misma semana, introducirá en el trámite del acto legislativo n.º 04/2015, Senado, y 157/2015, Cámara, un texto normativo transitorio, el cual quedará en la Constitución política para ofrecer garantías de cumplimiento al acuerdo final, utilizando un mecanismo internacional consagrado en el artículo 3 de los convenios de Ginebra, el cual se denomina ‘Acuerdo especial’, vale destacar que en lo procedimental de entrada no solo se estaría trasgrediendo el reglamento del Congreso, la Constitución política, también principios constitucionales consagrados para la creación de este tipo de normas.
Así es, al pretender introducir un texto normativo, a un proyecto de acto legislativo que se adelanta en el Congreso, a tan solo dos debates de culminar su discusión en el seno de la democracia, de ocho debates obligatorios, tratándose de normas jurídicas que quedarán en la Constitución, se estaría violando, en primer lugar, el principio de unidad de materia, dado que se estaría introduciendo un texto que, en el fondo, garantizaría la aplicación de un instrumento normativo internacional que nunca antes fue tomado en serio, excepto por su autor, el ex fiscal general Eduardo Montealegre, al igual se conculcaría el principio constitucional de consecutividad, tratándose de un texto que nunca se ha discutido durante el trámite del proyecto.
Sumado a esto, podría afirmarse que los acuerdos especiales que consagran los convenios de Ginebra se diseñaron para regular conflictos internacionales; a eso hay que destacar, primero, que las Farc no son un Estado y que Colombia no tiene ningún conflicto entre Estados; si de resistencia habláramos, al ver este tipo de berenjenales jurídicos que inventan desde La Habana, podría decir también: ¡me resisto! No sin antes indicar que el derecho a la resistencia se consagró en la historia universal jurídica desde 1215 en la Carta Magna.
