Se trata de víctimas de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en el país. La JEP acreditó a más de 180.000 personas como víctimas del conflicto interno colombiano.
La Sala de Reconocimiento de la JEP informó en un comunicado que acreditó en las últimas semanas a 10 organizaciones indígenas, 8 consejos comunitarios afrodescendientes y 6 organizaciones campesinas del suroeste del país dentro del llamado «Caso 05».
«En total se han reconocido a más de 180.000 víctimas y 124 organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en esta situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca«, manifestó la JEP en el comunicado.
El alto tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, abrió el «Caso 05» el 16 de noviembre de 2018.
Este caso prioriza las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH en el marco del conflicto armado por parte de las FARC y de miembros de la fuerza pública.
Esas violaciones ocurrieron en los municipios caucanos de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, y en las localidades de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca.
«Con estas acreditaciones, en el ‘Caso 05’ se ha completado la acreditación de la totalidad de organizaciones indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca y la mayoría de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del Valle del Cauca«, añadió la JEP.
La priorización de este caso se dio a partir de los informes presentados por la Fiscalía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En esos documentos la JEP identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal.
También incluye casos de reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medioambiente y al territorio, por parte de integrantes de las FARC y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.
