Fiscalí y Policía Nacional informaron que el asesino Abel Antonio Loaiza Quiñonez, alias Azul, fue capturado por los delitos en contra de líderes sociales en los departamentos de Putumayo y Cauca, entre el 2019 y el 2020.
El actuar delictivo del asesino fue conocido por medios de comunicación en Colombia, que descubrieron que el asesino usaba una sucia estrategia para terminar con la vida de sus víctimas.
‘Azul’ llegaba hasta las casas de las víctimas que fichaba y le ordenaban asesinar, se hacía amigo de los líderes sociales y luego los mataba sin piedad.
Informaciones relatan que el hombre se ganaba su confianza, les hablaba amistosamente yluego sacaba su arma para matarlos a sangre fría, incluso a algunos los hacía rogar por su vida.
En algunos casos solo llegaba y los mataba. EL asesino también mató a decenas de excombatientes de las Farc.
Cejil pide que cese violencia en Putumayo:
– El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y siete organizaciones sociales pidieron al Estado colombiano que garantice la vida e integridad del Putumayo, departamento fronterizo con Perú y Ecuador, que está azotado por la violencia de grupos que se disputan el control territorial.
Así lo aseguraron en una carta que enviaron al presidente colombiano, Iván Duque, y a varios altos funcionarios, en la que rechazan «el incremento de la violencia en Colombia en medio de la pandemia global por el COVID-19».
«Una vez más llamamos a cesar todo tipo de violencia y apelamos al Estado a garantizar la vida e integridad de los habitantes del departamento de Putumayo quienes se encuentran en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento», dijeron las ONG.
Le recordaron además al Gobierno, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo «la obligación reforzada en términos de especial protección para personas migrantes, defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas».
La carta fue firmada también por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Igualmente lo hicieron la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Amazon Frontlines y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
