El Consejo de Seguridad de la ONU urgió este martes a Colombia a acelerar el proceso de reintegración de los antiguos combatientes de las FARC y reiteró su preocupación por los repetidos asesinatos de exguerrilleros.
En una declaración pactada por los quince miembros, el Consejo de Seguridad subrayó la importancia de asegurar una plena reincorporación socioeconómica, política y legal de los desmovilizados.
Ello, recalcó, debe incluir el acceso a tierras y mercados, así como más garantías de seguridad, sobre todo de cara a las elecciones locales de este año.
Los repetidos asesinatos de exmiembros de las FARC siguen preocupando al máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que expresó también su pesar por los ataques contra líderes civiles en Colombia.
Según el Consejo, se requieren acciones «rápidas sobre el terreno» para impedir esos asesinatos y llevar a los responsables ante la Justicia.
La declaración emitida este martes sigue al debate celebrado la pasada semana por el Consejo de Seguridad, en el que la ONU apremió a Colombia a completar cuanto antes el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En el texto pactado por los países, el Consejo reitera ese llamamiento, pidiendo que la Ley Estatutaria de la JEP se apruebe «lo antes posible».
Al mismo tiempo, los quince miembros dieron la bienvenida al compromiso del presidente colombiano, Iván Duque, de construir «consenso nacional» en torno al sistema de Justicia especial creado bajo el Acuerdo de Paz con las FARC.
La JEP es la justicia especializada para investigar y juzgar crímenes cometidos no solo por la exguerrilla sino por otros actores del conflicto en el país y, pese a la falta de esa Ley, ya está trabajando en siete grandes casos que afectan a 820.000 víctimas.
La Ley Estatutaria está pendiente de ratificación, después de que Duque presentase objeciones a seis de sus 159 artículos, que fueron rechazadas por la Cámara de Representantes.
