Un fallo del Consejo de Estado dejó sin sustento las medidas cautelares a Gustavo Petro que suspendían millonarias multas en su contra. Con este fallo, el senador volverá a responder por más de 210.000 millones de pesos impuestos por la Contraloría.
El motivo de estas multas surge en 2012, cuando Petro redujo como alcalde de Bogotá las tarifas del SITP y TransMilenio. Esta decisión fue considerada por la Contraloría de Bogotá como un detrimento patrimonial. En 2017, el contralor Juan Carlos Granados le impuso la millonaria multa.
La respuesta fue una serie de medidas cautelares a Gustavo Petro, que el entonces candidato presidencial presentó al Tribunal Superior de Cundinamarca. El magistrado de la Sección Primera del tribunal, Oscar Armando Dimaté, impuso las medidas cautelares. Estas interrumpían las sanciones mientras se define una acción de nulidad que Petro impuso contra las multas.
Justamente, el fallo del Consejo de Estado tumba estas medidas cautelares. Según la decisión, el magistrado Dimaté no tenía la competencia para emitir esta decisión. Esta debía ser tomada por la Sección Primera del tribunal en pleno.
El expediente regresará al Tribunal Superior de Cundinamarca, donde se decidirá simultáneamente la multa y la acción de nulidad.
Al conocerse la decisión, Petro dijo que “el Consejo de Estado no ha dejado en firme la sanción del contralor”. Puntualizó que la medida cautelar no debe ser tomada por el ponente “sino por la sala de la que hace parte”.
