Desde la década del cincuenta empezó una migración masiva de colombianos hacia Venezuela que se intensificó en los setenta, cuando surgió el boom petrolero en el vecino país, que le permitió garantizar un alto estilo de vida a sus ciudadanos y a quienes llegaban.
Se estima que en esa época, cerca de cinco millones de colombianos cruzaron la frontera en busca de un mejor futuro. Uno de ellos era Esperanza Peña, mi abuela, quien en 1975 decidió viajar sola para buscar mejores ingresos económicos que le permitieran sostener a sus hijos en Colombia.
Después de 43 años los papeles se han invertido y ahora son los venezolanos los que padecen los resultados de los malos manejos del gobierno. Y Esperanza, así como otros miles de colombianos radicados desde hace décadas en el vecino país, han decidido volver al suyo.
Tal vez usted haya escuchado la historia de algún amigo o conocido en esta misma situación. O como yo, ha visto a algún familiar vivirlo en carne propia. Pero no basta con oírlo. A veces es necesario verlo para comprobar lo complicado que es.
A 20 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, crucé la frontera junto con mi mamá. Ella se había empeñado en ir por mi abuela, quien le seguía asegurando a toda la familia en Colombia que ella estaba bien en Caracas y que la crisis económica no la había tocado. Que eso que pasaban por los noticieros era falso.
Al llegar a Cúcuta, con 34 grados de temperatura y cuatro maletas llenas de comida, me di cuenta de que ella estaba en lo cierto: lo que alcanzan a mostrar en televisión no dimensiona lo que realmente ocurre en la frontera entre Colombia y Venezuela.
A diario miles de personas cruzan de un lado a otro en busca de comida, medicinas, ropa, atención médica o de una oportunidad laboral.
Pero más allá de eso hay un profundo dolor que se expresa al primer contacto con un extraño. “Estamos cansados, acá no hay futuro, el gobierno de Maduro nos tiene así”, dicen.
Después de poner un pie en territorio venezolano, ratifico lo que me han dicho. Las paredes con la pintura corroída, las montañas de basura en cada poste de energía, el agua residual en los canaletes de las calles y las moscas volando en cada rincón reflejan sus palabras. Además, una valla puesta en la aduana de San Antonio del Táchira, ubicada justo al otro lado del puente internacional Simón Bolívar, me da la bienvenida con el mensaje: “En esta aduana no se puede hablar mal de Chávez”.
El viaje por tierra desde San Cristóbal hasta Caracas, en un bus que tomamos mi mamá y yo a las 4:00 p.m., se volvió tortuoso. Previamente nos habían advertido algunos conocidos que debíamos cuidar muy bien el dinero y todos nuestros objetos de valor, pues corríamos riesgo en cada retén que monta la Guardia Nacional Bolivariana, o alcabala, como los llaman los venezolanos.
Tiene sentido esta palabra porque, así como lo indica la RAE, es un “tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta”. Y en Venezuela, más que un retén de las autoridades, las alcabalas se han convertido en los puntos donde los ciudadanos pagan un impuesto ilegal para que se les permita el paso.
En las 14 horas de viaje nos encontramos con cuatro alcabalas. En cada oportunidad, los guardias pidieron los documentos de los pasajeros, y al llegar nuestro turno, los pasaportes nos dejaron en evidencia: éramos extranjeras. Sí, como si se tratara de un delito, así se siente.
“Por favor, bajen del bus con todo lo que traen”, nos dijeron una y otra vez. Ya afuera, en el puesto de mando, revisaban nuestros documentos, verificaban las fechas de los sellos en los pasaportes y nos preguntaban detalles sobre el viaje: ‘¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Qué traen en su equipaje? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto tiempo se van a demorar?’.
Una y otra vez salimos del bus y volvimos a entrar, mientras las miradas de los demás pasajeros, ansiosos por llegar a su destino, nos juzgaban.
En el camino me quedaba mirando por la ventana durante horas la Venezuela que pasaba por mis ojos. La noche arropaba a cada pequeño pueblo por el que pasábamos, todos completamente a oscuras, sin luces que iluminaran las vías y, en muy pocos casos, con las lámparas delanteras de los carros encendidas para que la luz pudiera alumbrar un poco dentro de las casas, debido al racionamiento que empezaron a sufrir desde marzo de este año.
Finalmente, a las 6:30 a.m., llegamos a Caracas. En la salida de la terminal privada de Expreso de Occidente nos esperaba mi tío y su papá, José y Raúl Mendoza. Mi mamá los había visto por última vez hacía dos años y ahora parecían personas desconocidas. Se notaba en cada uno la pérdida de peso y unas ojeras que solo podían ser producto de una profunda preocupación. Ella rompió en llanto.
Mi tío hizo corta la bienvenida para evitar que mi mamá siguiera lamentándose por cómo estaban y subió rápidamente el equipaje a un carro que habían contratado.
En Caracas ya son pocos los taxis y buses de servicio público que funcionan porque la falta de repuestos ha obligado a sus dueños a dejarlos abandonados.
El camino del terminal hacia La Vega, donde vive mi abuela, tardó 30 minutos, tiempo en el que mi mamá pudo decirle a Raúl, quien también ronda los 80 años, y que ha sido como un padre y abuelo para la familia, que se regresaría a Colombia con nosotras.
El carro empezó a subir por una calle muy empinada y se estacionó frente a las escaleras de una comuna. Los cuatro las subimos con los equipajes al hombro y tocaron en la puerta de la primera casa ubicada a un lado de los escalones.
Abrió Esperanza, que había estado esperándonos desde las 4:00 a.m. Aún tenía puesta la bata de dormir, una que le quedaba muy grande. Mi mamá volvió a llorar y la abrazó por un tiempo largo. Mi abuela no le podía seguir mintiendo, estaba delgada y caminar se le hacía más difícil.
Minutos después empezamos a sacar de las maletas la comida que habíamos llevado desde Bogotá, mientras Esperanza y Raúl intentaban explicarnos qué era lo que le estaba sucediendo a Venezuela.
“Lo que pasa es que Venezuela está enfrentando un ataque económico”, decía mi abuela, y Raúl complementaba: “Estados Unidos nos tiene bloqueados y no dejan que pase la comida ni los medicamentos… Eso hace parte de un plan más grande y para eso primero tienen que debilitar al pueblo”.
Esa fue la excusa que nos dieron para justificar lo que se veía fuera de la casa: muchos niños en los brazos de madres adolescentes, adultos mayores en estado de desnutrición y decenas de jóvenes jugando en medio de una cancha en pleno mediodía de un jueves, porque estaban desempleados y sin agua desde hacía varios días.
La preocupación que se veía en los ojos de mi tío y de Raúl la viví en carne propia al segundo día de mi llegada a Caracas, cuando el agua que había traído desde Bogotá se agotó y era casi imposible conseguir otra botella.
En promedio una botella personal de agua potable se vende en Caracas en 45.000 bolívares y el salario mínimo vigente está por debajo de los 400.000 bolívares. Al cambio, una botella de agua me habría costado 585 pesos colombianos. El problema era conseguirla.
Al tercer día mi mamá y mi tío se fueron a la terminal privada a las 5:00 a.m. para intentar comprar cuatro pasajes de regreso a San Antonio del Táchira, después de confirmar la noche anterior que no había tiquetes aéreos disponibles hasta después del 20 de mayo.
Debido al gran número de personas que viajan diariamente hacia la frontera con Cúcuta, la gente hace fila desde un día antes en la entrada de la terminal para poder conseguir un puesto en uno de los tres únicos buses que viajan a diario. Pero hay otro problema: solo se venden dos cupos por persona y se tiene que pagar por cada pasaje 1.800.000 bolívares, aunque solo facturan 800.000 bolívares.
Cuando me tocó relevar en la fila a mi mamá y a mi tío, que se quedaría en la madrugada, pude observar una tienda donde vendían agua. Y ahí, por primera vez en tres días, volví a sentir que respiraba.
El poco tiempo que estuve en esa terminal vi una escena que se repitió con cada salida de un bus rumbo a la frontera. Los hijos, padres y amigos que se quedaban despedían en medio de lágrimas a los familiares que iban dentro de ese vehículo con 60 personas.
Un día después mi mamá y yo entenderíamos esa escena, cuando dentro del bus tuvimos que despedir a mi tío, que ondeaba su mano mientras intentaba no llorar. Todos, mi mamá, mi abuela, su esposo y yo, sabíamos que no lo volveríamos a ver por un tiempo largo. Que se tendría que quedar en ese país mientras organizaba sus papeles, los de su esposa y sus cuatro pequeños hijos, para esperar el día en que le llegue la oportunidad de cruzar la frontera.
Dos días después llegamos a Bogotá. A mi abuela, en medio de la tristeza por haber dejado solo a su hijo menor, la hacía feliz saber que estaba de vuelta con sus hijas; aunque aún le cuesta reconocer que el país que la adoptó hace décadas está sumergido en una profunda crisis de la que difícilmente saldrá pronto.
