Estas tierras expropiadas pertenecían a excombatientes de las Farc y grupos disidentes, ubicadas en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca.
Según la Fiscalía, los predios están valorados en 282 mil millones de pesos y eran usados para actividades ilícitas desarrolladas por los frentes Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta, y el Frente Acacio Medina, estructura disidente de alias ‘Jhon 40’, todos de las Farc.
La operación de extinción de dominio que se realizó en los cuatro departamentos tuvo el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.
Además, la Superintendencia de Notariado y Registro identificó los bienes producto del narcotráfico, explotación ilícita de tungsteno y coltán.
En Guainía, por ejemplo, se identificaron inmuebles y sociedades dedicadas a la explotación ilegal de Tungsteno y Coltán.
Según la investigación de la entidad, esta actividad era legalizada a través de un título minero ubicado en Cumaribo, Vichada, cuando en realidad el tungsteno y el coltán eran extraídos desde la mina Cerro Tigre, ubicada en el parque natural de Puinawai, zona de reserva natural en Guainía.
Con este mecanismo los guerrilleros lograron exportar más de 350 toneladas de los minerales valuados en cinco millones de dólares, en un periodo de tres años.
“Los dineros producto de estas actividades ilícitas eran blanqueados a través de la empresa minera American Mineral World S.A.S., que también fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio”, indicó la Fiscalía.
En el sur de Bolívar se encontraron tierras en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo, en los que hacía presencia el frente 24 de las Farc.
En el Meta se ubicaron terrenos considerados como zonas de reserva natural en los municipio La Uribe y Mesetas, que al parecer se encuentran presuntamente a nombre de testaferros del Frente 40 Jaime Rodríguez de las Farc.
Las tierras y bienes inmuebles encontrados en Arauca estaban bajo en control del frente 10 del Bloque Oriental de las FARC, ubicados en a los municipios de Tame y Arauquita.
Según las investigaciones estos predios fueron utilizados en actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado de personas.
«Hemos recuperado 277.000 hectáreas de tierra, que equivalen a dos veces el municipio de Medellín», informó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Protección a líderes sociales
Una promesa más hizo este jueves el presidente Juan Manuel Santos desde Popayán. Esta vez aseguró que se encargará de esclarecer los asesinatos de líderes sociales y proteger a quienes defienden los Derechos Humanos, al medio ambiente y los acuerdos con las Farc en el país.
Para eso, recordó que en el acuerdo de paz se pactó la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se encargará de garantizar la protección a quienes empiezan a dejar las armas, a los encargados de implementar los acuerdos de paz y a líderes sociales, defensores de Derechos Humanos e integrantes de partidos políticos, entre otros.
“Si queremos que quienes lucharon con armas ahora luchen con ideas en la democracia, tenemos que defenderlos y protegerlos. Y también a todos los que trabajan por las víctimas, por los despojados, por sus comunidades”, manifestó el mandatario.
Como trabajo inicial, dicha comisión empezará a hacer seguimiento en cuatro departamentos con mayor riesgo: Cauca, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander.
Al mismo tiempo, la Fiscalía tendrá que avanzar en las investigaciones de los asesinatos de líderes sociales que, según el presidente, el año pasado se reportaron 74 casos y este año van 10.
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
-La conforman el Jefe del Estado junto a los ministros del Interior, Defensa y Justicia.
-También hacen parte el Fiscal General, el Procurador General y el Defensor del Pueblo.
-Por parte de las Fuerzas Armadas están el comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía Nacional y el director de la Unidad Especial de Investigación de estos crímenes.
-También la conforman 3 expertos reconocidos en la materia y 2 delegados de plataformas de derechos humanos.
-La secretaría técnica de la Comisión la ejerce el Director de Seguridad de la Presidencia de la República.
-Su objetivo es formular el Plan de Acción para combatir y desmantelar las organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, o quienes participen en la implementación del acuerdo de paz.
