Vivienda, educación y empleo son las principales necesidades insatisfechas por las que reclaman las víctimas del conflicto armado de Colombia que viven en el Valle del Cauca.
Así lo expresaron esta semana en una reunión de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, conformada por más de 20 representantes de las poblaciones que han sufrido desplazamiento forzado, lesiones personales, violencia sexual, confinamiento, amenazas u otros hechos victimizantes.
Jesús Mario Corrales, coordinador de la Mesa Departamental, aseguró que si bien uno de los avances es la visibilización de las víctimas del conflicto armado en el país, falta voluntad de los mandatarios para designar presupuestos que permitan ejecutar acciones con las que se logre un verdadero restablecimiento de derechos.
“El gobierno no va más allá de entregar unos mercados. No existen políticas públicas de vivienda, ni de empleabilidad ni de acceso de nuestros jóvenes víctimas a las universidades. Por eso muchos terminan en la delincuencia o en el consumo de drogas”, dijo Corrales.
Ante este panorama, el líder expresó que las víctimas deben mantenerse unidas para generar propuestas que las dignifiquen: “Quiero hacerles un llamado para que no sigan detrás de un mercado o una ayuda humanitaria. Eso es tratarnos como mendigos. Ninguno de los desplazados éramos mendigos cuando estábamos en nuestros territorios”, añadió el coordinador.
Según la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, en el Valle del Cauca hay 488.541 víctimas del conflicto armado y 437.777 de ellas son sujetos de atención o reparación. En Cali, la cifra es de 209.853 de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, con corte a febrero de 2019.
Óscar Hernández, víctima de desplazamiento forzado, aseguró que otra de las grandes barreras está en el acceso a oportunidades laborales. “Las empresas privadas, con el solo hecho de darse cuenta de que una persona es desplazada, niegan el trabajo. En situaciones como esa somos revictimizados”, dijo.
Entre las falencias en las que coincidieron los líderes está la falta de articulación de las entidades gubernamentales para que la atención a las víctimas del conflicto armado sea un tema transversal en todas las secretarías y haya un trato diferencial.
Juan Felipe Valencia, representante de la población LGBTI en la Mesa Departamental de Víctimas, explicó que su sector es uno de los más afectados. “No se sabe cuántas personas LGBTI hay en el Valle del Cauca y mucho menos cuántas de ellas fueron víctimas del conflicto armado. Necesitamos que se reconozca este enfoque diferencial y que se garanticen nuestros derechos”, dijo.
- 488.541 víctimas del conflicto armado hay en el Valle del Cauca.
Habla la Gobernación
Para el secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca, Fabio Cardozo, el proceso con las víctimas que viven en el departamento tiene un balance positivo y el nuevo gobierno deberá mantener el esfuerzo para responderle a esta población y construir con ella un plan de acción integral.
“Todos los esfuerzos son plausibles, pero insuficientes. Estamos hablando de casi 500 mil personas en el Valle que fueron víctimas del conflicto, por eso quien llegue a conducir este departamento tendrá que vincular a cada uno de sus servidores para que se entienda con unas organizaciones de víctimas robustecidas”, dijo el secretario de Paz.
El funcionario reconoció que uno de los sectores más desatendidos es el de las víctimas que hacen parte de la población LGBTI. “Esto tiene que ver con razones culturales. Es una población que tendrá que vincularse de manera mucho más marcada en el ejercicio de los gobiernos y fortalecer sus segmentos”, añadió Cardozo.
Peticiones al nuevo gobierno
Los representantes de la Mesa de Víctimas del Valle, que terminan su periodo de dos años este mes, se reunirán con los candidatos a la Gobernación para elevar unas peticiones antes de las elecciones regionales de octubre de 2019.
Además de las solicitudes relacionadas con educación, vivienda, empleo y articulación de las distintas secretarías, los líderes piden que en todas las dependencias de la Gobernación estén vinculadas laboralmente, al menos, cinco personas víctimas para participar en la toma de decisiones.
También se propone la creación de una política pública para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y de un punto de información inmediata sobre la oferta institucional para las víctimas, con un enfoque diferencial de género.
En temas de seguridad, los líderes piden la creación de una línea telefónica de emergencia y alerta temprana para disminuir los homicidios de quienes defienden los derechos de las víctimas en el departamento.
“Queremos que los candidatos no simplemente escuchen nuestras peticiones y digan que sí, sino que asuman un compromiso real y firmen unos acuerdos programáticos con las víctimas del conflicto”, añadió Jesús Mario Corrales, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas. La reunión con los candidatos será a mediados de agosto.
- 360 subsidios de vivienda se han entregado en Cali desde 2016 para víctimas de desplazamiento forzado.
“Las víctimas vamos en retroceso”: Norma García, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Cali
¿Cómo está la situación de las víctimas del conflicto armado en la ciudad?
Hay muchos aspectos. Nuestros jóvenes víctimas no encuentran oportunidades y llegan a Cali a consumir drogas o a prestarse para actos ilícitos. La educación es gratuita en la ciudad, pero nunca ha tenido un enfoque diferencial en el que las víctimas tengamos mayores beneficios. Los presupuestos asignados para nosotros no se ven reflejados. Siento que las víctimas vamos en retroceso.
Hace poco, la Alcaldía anunció la entrega de subsidios de vivienda para víctimas…
Sí, se entregaron siete subsidios en una ciudad con más de 200 mil víctimas del conflicto armado. Eso no es progreso. Algunas familias estamos progresando por nuestra propia voluntad, no porque el gobierno se preocupe.
¿El problema con los recursos es que la asignación es insuficiente o que se los roban durante la ejecución?
El dinero no está muy bien ejecutado porque quienes organizan los planes son instituciones que tienen vínculos políticos con concejales, gobernadores y asambleas. Los proyectos no se construyen con la población, entonces no generan ningún impacto porque no van acordes con nuestras necesidades.
¿Quién vigila estos recursos?
Ese es otro problema, que el gobierno no les hace seguimiento. Se pueden ejecutar proyectos que dejen listados de asistencia llenos, pero lo que necesitamos es que se mida el impacto en cada población.
¿Qué les pide a los gobernantes?
Las víctimas no tenemos que pedirles nada sino exigir el cumplimiento de los compromisos que adquirieron como funcionarios o como instituciones. La Gobernación está en todo el deber de hacer valer los derechos de estas poblaciones.
Dentro de poco llegará un nuevo gobernador o gobernadora, ¿qué van a hacer las víctimas del Valle?
Seguiremos luchando.
