Los planes de Donald Trump de poner fin a las protecciones contra la deportación de miles de jóvenes indocumentados recibieron este martes un nuevo golpe.
Un juez de distrito del estado de Washington ordenó que el gobierno de Estados Unidos deberá reactivar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
El juez John Bates dio un plazo de 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) explique las razones por las que consideraron que DACA era ilegal y llevaron a su eliminación.
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DACA, cuya eliminación es una promesa de campaña de Trump, fue creado en la era de Barack Obama para amparar a inmigrantes que entraron ilegalmente al país durante su infancia.
Bates consideró que la decisión del gobierno de poner fin a DACA se realizó sin explicaciones ni se ofrecieron justificaciones, por lo que la consideró "arbitraria", "caprichosa" e "ilegal".
De acuerdo con la disposición del juez, si las autoridades de inmigración no presentan novedades relevantes cumplido el plazo, el gobierno "deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones".
De ahí que conminó a las autoridades a que retomen la renovación de beneficios a los llamados "dreamers" o "soñadores", como se le conoce a estos jóvenes.
Bates es el tercer juez que falla en contra de los intentos de la Casa Blanca de poner fin a DACA: antes lo hicieron otros jueces federales de California y Nueva York, quienes bloquearon el fin de la renovación en esos estados y ordenaron renovar los permisos de trabajo para los inmigrantes inscritos en el programa.
Sin embargo, la decisión de Bates fue más allá, ya que amenaza con la reapertura total del programa si el gobierno no presenta una explicación convincente para su eliminación.
Qué es DACA
El programa fue implementado hace cinco años por el gobierno de Obama y proporciona permisos de trabajo renovables por dos años y protecciones de deportación para más de 690.000 "soñadores".
Este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone un paso para obtener la ciudadanía estadounidense.
Pero quienes se oponen a él argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes indocumentados, que gracias al programa, obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con estatus legal.
