La sequía obligó a que las procesiones de este año en La Calera comenzaran sin necesidad de Semana Santa. El 2 de febrero, una decena de feligreses le pidió al cura del pueblo que les prestara la estatua de San Isidro Labrador, el santo al que se le ruega que llueva, para cargarlo en hombros hasta las aguas disminuidas de la quebrada Santa Catalina, que abastece el acueducto de la vereda Buenos Aires Bajo, donde ellos viven. El sol imparable de esos días tenía el cauce del río hecho un hilo, y ya solo les quedaba caminar hasta la bocatoma para rogar por el retorno del agua de la mano del santo.
ESTA HISTORIA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN VORÁGINE
En condiciones normales, esa comunidad, que maneja su propio acueducto, abre las válvulas por nueve horas diarias, de 5:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es una dinámica extraña para cualquier citadino acostumbrado a disponer del agua cuando se le antoja, pero para la gente de Buenos Aires Bajo es suficiente para bañarse, preparar la comida, sembrar papa y criar vacas lecheras. La temporada seca, sin embargo, los obligó a un racionamiento en el que solo pudieron abrir las válvulas cinco horas y media al día.
Cuando peregrinaron con el San Isidro Labrador a cuestas no eran los únicos preocupados. En la vereda vecina de Santa Helena, donde están acostumbrados al agua 24 horas, ya no tenían ni una gota.
De allá es el líder comunal Leandro Santiago, que vive de vender la leche que le dan cuatro vacas y recuerda que la crisis en Santa Helena fue más dura porque sus habitantes tuvieron que sacar plata para comprarle agua a la empresa de servicios públicos del municipio. El campesino agranda los ojos para explicar la ironía: compraron agua que nace en las tierras de donde ellos, gracias a una organización comunitaria fortalecida por 50 años, suelen tomarla gratis.
Santiago recuerda que mientras las 250 familias de Buenos Aires Bajo y las 172 de Santa Helena, que esencialmente ocupan la misma tierra, hacían esas maniobras espirituales y contables para que el agua volviera, una vieja vecina, la planta de la compañía Coca-Cola Femsa, nunca paró de extraer agua de la tierra para despachar y vender en todo el país las botellas de su marca Manantial.
La Calera vive una crisis del agua que encierra esa y otras paradojas aún más grandes y convierten a ese municipio en un caso representativo de los debates alrededor del acaparamiento de agua en Colombia. En ese pueblo de 28.000 habitantes, vecino del páramo de Chingaza y de Bogotá, miles de habitantes se acostumbraron a que beber agua sea una acción muy cercana al rebusque.
El Manantial barato
La planta Manantial fue construida en 1981, es una de las siete embotelladoras que tiene Coca-Cola en Colombia y, como todas, extrae cantidades industriales de agua. Tiene autorizado sacar 3,23 litros por segundo de siete nacimientos, según la concesión de aguas que le otorgó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que se vence este año y está en proceso de renovación.
Como la planta opera 24 horas (los trabajadores se dividen en turnos de ocho horas), Manantial puede entonces extraer a diario 279.000 litros de la vereda Santa Helena, la misma donde Leandro Santiago y su gente se quedaron sin agua a comienzos de este año y tuvieron que comprarla. Son alrededor de 101,8 millones de litros al año, lo suficiente para llenar 40 piscinas olímpicas.
Coca Cola mantenía esa actividad sin mayores contratiempos el 17 de abril, cuando sus vecinos, los campesinos encargados de los acueductos de las tres veredas de la zona, le enviaron una carta desesperada al alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, en la que se declaraban en emergencia y pedían agua en carrotanques: “Muchas personas llevamos sin recibir una gota de agua desde hace aproximadamente quince días y en algunos casos mucho más tiempo (...). Nunca antes se había vivido una escasez de agua tan seria y complicada en nuestro territorio”.
La extracción de agua en cantidades industriales al lado de comunidades que tienen dificultades con su suministro no es exclusiva de La Calera. En 2021, VORÁGINE investigó los casos de Sesquilé (Cundinamarca) y Caloto (Cauca), donde hay embotelladoras de Postobón que también sacan cientos de millones de litros de agua al año mientras en esos municipios el líquido para la gente es escaso y sucio.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que estudió el caso de Postobón en un informe sobre los conflictos por el agua generados por la industria de bebidas ultraprocesadas y azucaradas, lo enmarca dentro del fenómeno del acaparamiento del agua, en el que el Estado no prioriza ese recurso para el consumo humano, como ordena la ley, y, en cambio, les da concesiones a privados para que lo exploten de forma masiva. Así, el agua termina concentrada en pocas manos. De hecho, la desigualdad en la distribución del agua en Colombia es mayor que la desigualdad en la distribución de la tierra, concluyó un estudio de las investigadoras María Cecilia Roa y Sandra Brown.
Para Coca-Cola es, además, un negocio sumamente barato en comparación con sus ganancias. No tiene que hacer un proceso de tratamiento complejo porque el agua que extrae es tan pura que, como dice el trabajador de Manantial consultado, “casi como entra, sale de la planta”.
También es un negocio muy barato al mirar lo que paga Coca-Cola por extraer el agua. La tarifa de lo que se conoce como Tasa por Uso del Agua se define en una mezcla de cobros que establecen el Ministerio de Ambiente y cada CAR. La CAR Cundinamarca no le entregó a VORÁGINE información oficial actualizada sobre ese punto, pero sí la factura en la que consta el pago del consumo de 2016. Ese año, Coca-Cola reportó haber extraído 56.530 metros cúbicos (unos 56,6 millones de litros) por los que solamente pagó 607.501 pesos.
Eso fue hace ocho años. Al mirar las tarifas más recientes que tiene publicadas la CAR en su web, las de 2022, se puede hacer un cálculo más actual: por extraer esa misma cantidad de agua de La Calera, Coca-Cola pagaría ese año unos 4,7 millones de pesos. Mientras tanto, ese 2022 reportó ingresos por 226.740 millones de pesos.
Por eso, a los habitantes de las tres veredas aledañas (Santa Helena, donde queda la planta; Buenos Aires Alto y Buenos Aires Bajo), no les parece que Coca Cola compense a su comunidad por toda el agua que extrae.
Las normas ambientales que rigen concesiones de agua como la que tiene Coca -Cola en La Calera le exigen a la CAR no solo cobrar por la extracción del agua, sino definir las obligaciones que debe asumir la empresa para preservar el líquido. En escenarios públicos, representantes de la multinacional han dicho, según ha recogido la misma CAR: “Tenemos que devolverle a la naturaleza el 100 % de lo que le extractamos”. Sin embargo, no respondieron las preguntas de VORÁGINE en ese sentido. En respuesta a un derecho de petición, la CAR entregó un documento en el que Coca-Cola reportó haber sembrado 3.300 árboles en la zona y haber hecho un inventario de los animales que hay allí.
Los campesinos dicen que ha entregado parques en las veredas y contratado a gente de la zona. Y que si ellos se lo piden por escrito, les regala jugos y agua embotellada para celebrar el Día del Campesino.
Pero piden, por ejemplo, que pavimente las vías que comunican a los habitantes con el casco urbano de La Calera, que son las mismas que usan los camiones de la compañía para llevar el agua. García, el extrabajador de Coca-Cola, dice: “Ellos responden que dieron unos árboles para no sé qué, pero eso no es suficiente para la cantidad de dinero que le sacan a esa mina de agua”.
Una mina con la que, además, otra empresa quiere montar un negocio para hacer lo mismo que Coca-Cola. Y ese ya no es un asunto que involucre solo a las tres veredas, sino a toda La Calera.
La empresa de gasas que ahora busca sacar agua
Leandro Santiago no lo entiende: “Yo preservo el agüita. Nos piden que no sembremos a menos de tres metros de la orilla de las quebradas y cumplimos. Pero a los de Coca-Cola nunca los vemos, no hablan de frente con nosotros, y ahora dicen que viene otra planta. Es un mensaje muy malo”.
Los campesinos lo supieron a mediados de mayo pasado. Corría el rumor y la CAR se los confirmó en respuesta a un derecho de petición: desde 2021 le había otorgado en la vereda Buenos Aires una concesión a una compañía llamada Sherleg, para que extraiga y embotelle agua. Le autorizó sacar 1,33 litros por segundo, casi la mitad de lo permitido a Coca-Cola.
Hoy todo parece quieto porque allí sigue operando únicamente la planta Manantial, que los campesinos consideran más que suficiente.
La inquietud es grande, en todo caso, porque la CAR le autorizó a Sherleg sacar el agua de la quebrada San Lorenzo, la principal fuente de abastecimiento de La Calera. De esa quebrada es el agua que trata la empresa local de servicios públicos (Espucal) para transportarla por sus redes al 70 % de los habitantes del municipio. Y por eso cualquier disminución de su caudal afecta a casi todo el pueblo.
Sherleg también es una incógnita en La Calera. A diferencia de Coca-Cola, no es una marca reconocida en el mundo de las bebidas: durante 43 años se ha dedicado a fabricar elementos médicos como gasas, vendas, yesos y catéteres.
Los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá muestran que su dueño principal, Jaime Leguizamón, es un hombre de 68 años nacido en Ramiriquí (Boyacá), que junto con su esposa creó en 1981 esa compañía familiar, de la que hoy también son socios tres hijos y una hermana de él. Ha crecido a punta de contratos con clínicas, hospitales y como proveedor de gigantes de la salud como Cruz Verde. Sherleg informa en su página web que factura anualmente 7 millones de dólares (unos 28.000 millones de pesos) y que tiene oficinas en Colombia y una en Miami (Estados Unidos).
VORÁGINE marcó a los teléfonos de su página y dejó mensajes de WhatsApp y de correo electrónico, pero hasta el cierre de este reportaje no había respondido.
Las movidas que Sherleg ha hecho por el agua de La Calera arrancaron, hasta donde pudo rastrear VORÁGINE, a finales de 2016, cuando comenzó a comprar los terrenos que conforman el predio donde la CAR le dio la concesión de aguas, según consta en el certificado de tradición del lugar. En 2017, de acuerdo con lo reportado a la Cámara de Comercio, Leguizamón compró una empresa embotelladora llamada Aqua Ósmosis, que comercializaba agua tratada y traía la experiencia que no tiene Sherleg en ese negocio.
Fue ahí cuando Leguizamón arrancó sus trámites ante la CAR, que en 2018 concluyó que “las condiciones de disponibilidad de agua para esa fecha demostraron que la oferta hídrica de la fuente (la quebrada San Lorenzo) podía satisfacer las necesidades” de Sherleg, según el derecho de petición que les respondió a los campesinos. Tres años después, en 2021, le adjudicó una concesión de la que hasta ahora se están enterando en La Calera.
La realidad muestra que la misma quebrada San Lorenzo, donde la CAR aprobó la nueva concesión para embotellar agua, enfrenta muchos problemas para dar abasto para el consumo humano del municipio, en medio de una fiebre constructora que todo lo agrava.
* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.
