La Alcaldía de Bogotá se pronunció luego de que se diera a conocer el fallo que condena al Distrito para el pago de 64.500 millones de pesos al Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), empresa operadora del relleno sanitario Doña Juana. La Administración asegura que revisará el fallo, pedirá aclaraciones y si cabe a lugar, pagará la debida multa. Le contamos las claves de este fallo y lo que ahora podría suceder.
Tras conocerse el fallo del tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se condena al Distrito a pagarle la millonaria multa a CGR, la Alcaldía enfatizó en que “defenderá los recursos públicos de los bogotanos”.
En medio de un pronunciamiento a cargo de la alcaldesa encargada, Edna Bonilla, la Administración declaró que revisará con detenimiento el fallo que exige el pago de la indemnización por parte de la Unidad Administrativa de Especial de Servicios Públicos (UAESP).
“Como Distrito vamos a solicitar respetuosamente algunas aclaraciones, alguna información. Por ejemplo si se respetó el laudo arbitral de 2018 que ya había. Y también si el tribunal resuelve sobre una controversia de tipo contractual o de tipo tarifario. Queremos preguntarles se manera muy respetuosa sobre estos y otros aspecto que deriven del análisis que estamos haciendo”, dijo al respecto en el pronunciamiento oficial la alcaldesa encargada.
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¿Por qué tribunal falló contra UAESP por el relleno Doña Juana?
El tribunal falló en contra del Distrito por considerar que las tarifas establecidas de pago de los bogotanos inicialmente en el contrato de disposición de residuos no eran suficientes para cumplir con las obligaciones contractuales.
Sin embargo, a pesar de este fallo contra el Distrito, la indemnización que se debe pagar está lejos de alcanzar la cifra que exigía la concesión CGR, operadora del relleno, que ascendía a los 1,2 billones de pesos por el déficit.
Así mismo, el tribunal también exigió a CGR que pague una suma de 4.200 millones de pesos de vuelta a la UAESP por incumplimiento en condiciones específicas del contrato.
De igual forma, contrario a lo que quería el operador, el tribunal también le cortó la oportunidad de extender el contrato e impidió que puedan seguir administrando el relleno sanitario más allá de la licencia actual, es decir hasta el año 2025 máximo.
¿Y ahora qué?
Por lo pronto, se conoce que el próximo 21 de abril a las 4:00pm se desarrollará una audiencia aclaratoria en la cual el distrito podrá proceder, si se quiere, con un recurso extraordinario de anulación del fallo ante el Consejo de Estado para no tener que pagar esta suma de dinero.
Esta opción, que ya suena al interior de la Administración podría ser procedente y el Consejo de Estado entraría a mirar si deja en firme el fallo o dictamina la nulidad evitando que el Distrito deba hacer el pago. Cabe mencionar que esta decisión se tomaría con base en pronunciamientos que no son de la competencia del tribunal de arbitramiento o por errores en el fallo.
Cabe mencionar que la alcaldesa Claudia López ha comentado en diferentes ocasiones que buscará que el Distrito no deba pagar un solo peso tras este litigio que se ha extendido por más de 12 años en la ciudad.
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¿De dónde saldría el dinero para pagar la indemnización?
Para el pago de la suma de 64.500, en caso de que el fallo quede en firme habría dos opciones: revisión de la tarifa de aseo que se cobra a los bogotanos o el dinero de los impuestos.
Sin embargo, con respecto a la primera opción, es importante aclarar que el dinero que hay que pagar no afectaría lo que deben cancelar en la factura del agua los bogotanos y bogotanas. El Secretario Jurídico Distrital, William Mendieta, explicó que la tarifa no sufriría cambios y que la Administración Distrital ha llevado a cabo la defensa del bolsillo de la ciudadanía.
Además, la UAESP no estaría habilitada para hacer una revisión de tarifa, pues esto es competencia exclusiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), quien de hecho aprobó un aumento de tarifa en el año 2018 por petición del operador del relleno.
Ahora, en el segundo caso, es posible que si se debe pagar la multa se utilice el recurso ya utilizado en el pasado de incidente de impacto fiscal.
Esta figura que solicitaría la administración facultaría a la Alcaldía para recortar presupuestos de algunos sectores para reunir el dinero de allí y realizar el pago, como sucedió con el derrumbe del relleno sanitario en el año 1997, en donde el Distrito tuvo que pagar 227.440′511.400 millones de pesos a las personas acreditadas como víctimas del derrumbe.
