Las elecciones territoriales de este 2023 ponen sobre la mesa cuestiones de gran importancia para el presente y futuro de la acción climática en nuestro país ya que desde la esfera pública es posible y urgente implementar los cambios que necesitan las regiones. Sin embargo, para enfrentar la crisis no sólo se necesita reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) e impulsar la descarbonización, sino también contar con las medidas suficientes para adaptarnos como sociedad a las nuevas condiciones de vida que exige el planeta para garantizar su ciclo sin poner a las especies (incluida la nuestra) en peligro.
¿Vamos por buen camino?
El costo de no actuar
A finales del 2022, en el marco del fenómeno de La Niña, el Gobierno Nacional anunció que se destinarían 2.1 billones de pesos para atender la emergencia generada por la ola invernal. Asimismo, durante la COP27 la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, informó que, a partir de estudios generados para la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050), se proyectan pérdidas de 4.3 billones de pesos al año por el cambio climático. Entre los principales riesgos se encuentran:
● Inundaciones: pérdidas estimadas por $285.777 millones
● Huracanes: pérdidas estimadas por $5.729 millones
● Deslizamientos: pérdidas estimadas por $67.469 millones
● Sequías: pérdidas estimadas por $22.889 millones
● Incendios forestales: pérdidas estimadas por $3.900 millones
Para entender la dimensión de esta cifra, 4.3 billones de pesos significan casi el 3% de lo recaudado en impuestos durante el primer semestre del 2023, según datos de la Dian, o aproximadamente el 28% de lo que ha pérdido el país en “elefantes blancos”, según el último informe de la Contraloría. Aunque se trata de recursos que ya existen y debemos administrar de manera correcta, también necesitamos cambios estructurales en todos los niveles de la sociedad para que realmente desde los territorios se pueda hacer frente a los cambios generados por el calentamiento global.
Cabe destacar que estas cifras hacen referencia únicamente a los costos de la mitigación frente al cambio climático, porque si a esto sumamos las proyecciones de adaptación, el valor aumentaría hasta los 6,84 billones de pesos anuales. No obstante, la oferta de financiamiento climático –incluyendo recursos de cooperación internacional, nacionales, bancarios y del sector privado– solo llega a los 5.7 billones de pesos anuales.
La adaptación es también una inversión
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que entre 1.990 y 2.017 en la región más de 163 millones de personas fueron afectadas por fenómenos climáticos extremos y las proyecciones del banco mundial indican que los costos anuales para que la región se adapte al cambio climático pueden ascender hasta 21.500 millones de dólares al año, lo que significa más o menos el 0,24% de todo el PIB regional.
“En un contexto de aumento de la temperatura mundial y de sus efectos regionales, implementar procesos de adaptación al cambio climático eficientes y equitativos debería ser una prioridad. Esto requiere inducir los cambios necesarios en la conducta de los agentes económicos y sociales mediante políticas públicas, incentivos económicos o cambios en las características individuales que detonen o induzcan estos procesos de adaptación”, sostiene la Cepal en La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?
Sin embargo, no se trata de un gasto sin más. En realidad, la adaptación al cambio climático puede traer grandes beneficios para el desarrollo económico de la región ya que se reduciría el impacto de las graves pérdidas en el futuro, aumentaría la productividad y la innovación, pero además, es un tipo de inversión que solo se necesita hacer una vez. Según la Cepal, una inversión de 1,8 billones de dólares entre 2020 y 2030 en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente al clima, producción mejorada de cultivos agrícolas en tierras secas, protección global de los manglares y resiliencia de los recursos hídricos podría significar ganancias por 7,1 billones para la región.
Una oportunidad para las regiones
Las próximas elecciones para autoridades locales son de suma importancia para el territorio colombiano teniendo en cuenta que la Tercera Comunicación Nacional de Colombia sobre Cambio Climático indica que el 100% de los municipios en el país tienen algún riesgo por cambio climático. Vale la pena recordar que el riesgo se entiende como la “probabilidad de ocurrencia de un evento amenazante relacionado con el cambio climático, respecto de la situación particular que un territorio tiene para responder, o verse afectado, a sus impactos potenciales”. Además, los 20 departamentos con mayor riesgo por cambio climático son los productores del 69% del PIB nacional a la vez que son el hogar de aproximadamente el 57% de la población.
En este sentido, es muy importante que desde el voto consciente, informado y responsable se le exija al poder público que la adaptación al cambio climático sea un pilar fundamental de la discusión política durante el periodo 2024-2027. Por medio de una efectiva articulación entre ciudadanía y funcionarios(as) será posible generar los cambios que necesita nuestro planeta y acelerar los procesos de descarbonización.
Si quieres saber más sobre cómo avanza la descarbonización en los distintos sectores de la sociedad, te invitamos a que visites el sitio de Camino Hacia Carbono Neutral. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre acción climática y descarbonización en Colombia y el mundo.
Camino Hacia Carbono Neutral es un proyecto financiado por UK Pact y liderado por las organizaciones OpEPA y Climate Reality América Latina en alianza con la Procuraduría General de la Nación. Desde el proyecto se busca construir lazos y así conectar a las instituciones y a la sociedad civil con alternativas y soluciones frente a la crisis climática, por medio de la creación de herramientas y alternativas que permiten incluir la descarbonización como parte esencial de la acción climática en el país, que buscan construir comunidades resilientes a la crisis.
