El Decreto 315 de 2024 representa una nueva oportunidad para recuperar la confianza de los vivanderos y vivanderas de las plazas de mercado del Distrito con el Instituto para la Economía Social (IPES), confianza que fue minada por la expedición de la Resolución 267 de 2021, que estableció el Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de Bogotá. A esta normativa se sumó la Resolución 037 de 2021, que implementó una nueva metodología tarifaria para las plazas de mercado.
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Estas medidas fueron impuestas en plena pandemia del COVID-19, en un contexto de confinamiento estricto, lo que generó un profundo rechazo entre los vivanderos, vivanderas y trabajadores. No solo carecieron de una adecuada socialización, sino que además ignoraron la participación de los afectados, desconociendo las particularidades, la tradición y la esencia de las plazas.
Recientemente, la Coordinadora de Plazas de Mercado Distritales convocó una movilización en rechazo a los aumentos desmedidos en las facturas de cobro, derivados de la aplicación de la metodología tarifaria. Tras más de tres horas de diálogo, se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos, la suspensión de los cobros excesivos y la reactivación de la mesa de diálogo, con el Concejo de Bogotá como garante. Este espacio se presenta como una oportunidad para que la Administración distrital demuestre su compromiso con la participación ciudadana, en línea con su discurso sobre la incidencia de la comunidad en las decisiones de la ciudad. Es imperativo que no se repitan los errores del pasado y que se logre un acuerdo que beneficie tanto a los vivanderos, vivanderas y trabajadores como al sistema de abastecimiento de Bogotá.
El fracaso de los intentos previos de concertación se debe, en gran parte, a la falta de voluntad política por parte de las distintas direcciones del IPES desde 2020. Un ejemplo claro ocurrió el 25 de septiembre de 2024, cuando la actual Administración, sin justificación alguna, cerró unilateralmente el diálogo que se venía desarrollando. Como consecuencia, en 2025 los vivanderos y vivanderas han sido sometidos a un nuevo método de cobro que consideramos abusivo y al borde de la ilegalidad, generando facturas con valores acumulados para quienes decidieron no firmar contratos bajo la normatividad impuesta. Estas deudas han generado preocupación e incertidumbre entre los vivanderos, vivanderas y trabajadores, muchos de los cuales se encuentran en situación de especial protección constitucional.
El IPES, en una suerte de cacería de brujas, ha impuesto facturas desproporcionadas y ha presionado a los vivanderos, vivanderas y trabajadores para que firmen contratos bajo amenazas de desalojos. En lugar de reducir la cartera de la entidad, esta estrategia ha llevado a que un número significativo de personas en condición de vulnerabilidad vean embargados sus bienes por parte de la Administración Galán. Es importante recalcar que los vivanderos y vivanderas están dispuestos a pagar por el uso y aprovechamiento del espacio, pero exigen que el cobro se realice de manera justa y equitativa.
En ese sentido, lo que proponen es poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer el sistema de abastecimiento, proteger el patrimonio cultural y económico de la ciudad, y construir de manera democrática y participativa un nuevo reglamento o protocolo para el aprovechamiento económico de las plazas de mercado como bienes de uso público. Al respecto, el artículo 19 del Decreto 315 de 2024 ofrece una oportunidad clave, ya que ordena a cada entidad gestora del espacio público expedir un protocolo específico para regular las particularidades de cada plaza. Esto rompe con el marco normativo rígido que impuso el Decreto 493 de 2023 y permite una concertación real con los vivanderos, vivanderas y trabajadores.
Este mandato no está aislado, sino que cuenta con respaldo en otras normativas que lo desarrollan. Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de establecer retribuciones diferenciales en las plazas de mercado, aspecto que debe ser discutido y acordado en la mesa de diálogo instalada el 27 de enero de 2025.
Finalmente, hacemos un llamado a la Contraloría Distrital para que avance en los procesos sancionatorios derivados de sus auditorías al IPES. La última auditoría de 2023 evidenció la incapacidad de la entidad para recuperar cartera, lo que hace urgente una depuración de las deudas y una revisión a fondo de las medidas impuestas a los vivanderos, vivanderas y trabajadores.
El futuro de las plazas de mercado depende de una verdadera voluntad de diálogo y concertación. Si la Administración persiste en la imposición de medidas sin participación efectiva de los afectados, lo que podría ser una oportunidad de fortalecimiento del sistema de abastecimiento se convertirá en un nuevo episodio de exclusión y conflicto social.