La discusión sobre la anhelada descentralización territorial, principio constitucional desde 1991, ha resurgido con las polémicas deliberaciones en el Congreso. En algo coincido con el planteamiento de la reforma: para que la descentralización surja, es necesario proveer a las entidades territoriales con más recursos para que alcancen sus cometidos, pero no con improvisación.
Es urgente una reglamentación sobre cómo participan los gobiernos locales en las rentas nacionales, pues la Ley de Regiones no cumple con este fin. Existen alternativas a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que evitarían desfinanciar a la nación.
Sugiero dirigir la atención hacia el Referendo por las Regiones, ya en fase de recolección de firmas. Este referendo sugiere que las transferencias se hagan de manera proporcional, es decir, una fórmula razonable y equitativa: las entidades con más compromisos recibirán lo equivalente. Así, “los impuestos sobre la renta y patrimonio dejarán de ser nacionales y serán departamentales y del Distrito Capital por mandato constitucional; los recursos que se deriven serán de propiedad de los departamentos y el Distrito Capital de forma conjunta. Su distribución atenderá, entre otros principios, a los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia, garantizando el carácter redistributivo y equitativo de dicho ingreso.”
Esta estrategia no pondría en riesgo a la nación, pues busca retribuir a entidades locales que asumen responsabilidades del gobierno central. Por ejemplo, Bogotá invierte en infraestructura de salud pública, manteniendo hospitales de alta complejidad que benefician a sus ciudadanos y pacientes de otras regiones que buscan atención especializada. Así, Bogotá reduce la carga del gobierno nacional, que de otro modo financiaría estos servicios.
Por el contrario, la reforma del gobierno Petro representa un riesgo. El panorama es sombrío y ya se ha discutido ampliamente. Bogotá se vería gravemente afectada. Para ponerlo en perspectiva, Bogotá aporta aproximadamente el 50% de los impuestos nacionales y alberga el 14% de la población del país, pero recibe solo el 7.56% de las transferencias del SGP. Si el SGP aumenta al 46% de recursos asignados, pero con nuevas obligaciones (como la administración de la policía, cárceles, salud y educación), Bogotá no tendría cómo cubrir estas responsabilidades adicionales.
Este escenario no es exclusivo de Bogotá; Medellín y otras grandes ciudades enfrentarían situaciones similares. Bogotá además tiene gastos únicos y adicionales que aumentan sus exigencias. Subsidia el acueducto y el transporte para municipios cercanos como Soacha y financia programas como el retorno de comunidades indígenas a sus territorios, entre otros.
Por ello, afirmo que la descentralización debe fortalecerse, pero no sin un mapa y báscula en mano. La reforma del SGP en el Congreso es una chambonada. Parece que el gobierno desconoce las competencias de las entidades territoriales y nos va a desfinanciar. Reafirmo mi apoyo al referendo citado, pues una mayor autonomía fiscal debe ir acompañada de un estudio de cargas y capacidades.
El referendo es un paso hacia una descentralización ordenada y equitativa que otros países han implementado con éxito. Estudios académicos sobre modelos de descentralización, como los de Bird y Vaillancourt, resaltan que las transferencias deben estar alineadas con las capacidades de cada región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que “la descentralización fiscal efectiva requiere tanto financiamiento suficiente como competencias claras para evitar desequilibrios regionales y un aumento en las desigualdades”. El referendo busca una distribución justa de recursos y establece criterios para que se otorguen proporcionalmente, beneficiando a quienes ya contribuyen más y a quienes carecen de recursos suficientes para sostener servicios esenciales sin ayuda del Estado central.
Si seguimos con una reforma improvisada, los costos a largo plazo serán incalculables, no solo para ciudades como Bogotá, sino para el país. Es momento de apostar por un cambio que, en lugar de fragmentar la unidad nacional, fortalezca las capacidades locales con una visión clara y equitativa.
PD: Si bien la Constitución Política de Colombia no tiene cláusulas pétreas, por lo que una reforma aprobada por mayorías populares puede considerarse válida, espero que el órgano judicial intervenga para evitar una posible sustitución de la Constitución. En la reforma al SGP, el riesgo es que, bajo la idea de descentralización, se altere de manera radical la estructura y función del Estado.
