Desde el año 2022 venimos haciendo denuncias públicas por graves casos de acoso y precarización laboral en la Secretaría de la Mujer, cuestionándonos “¿quién cuida a las cuidadoras?”. El problema fundamental radica en que un gran número de sus trabajadoras están vinculadas por órdenes de prestación de servicios (OPS) para realizar actividades permanentes y misionales y al escaso avance en los procesos de formalización. A hoy, 884 de las trabajadoras son contratistas, es decir, se requiere del servicio, pero poca calidad de empleo y, en consecuencia, una mejor y continuada atención a la ciudadanía que, en su gran mayoría, son mujeres expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad.
Al parecer la secretaria, Laura Tami, decidió que esta Administración podía desmejorar aún más las condiciones de las contratistas. Lo afirmamos por las incoherencias ubicadas en sus pronunciamientos y en la respuesta a nuestra solicitud de información respecto a nuestra última denuncia pública sobre este tipo de situaciones.
Allí la entidad indica que “no tiene proyectada ninguna iniciativa de reestructuración o reforma funcional” y que se piensa fortalecer la prestación de algunos servicios, puntualmente el sistema SOFIA. Sin embargo, se reducen las personas a cargo de las distintas estrategias. Para el 2023 se suscribieron 945 contratos por OPS y para el 2024 disminuyeron a 884, esto, sumado a que mientras los contratos del 2023 tenían una duración promedio de 11 meses, en 2024 pasó a 5.
Como ejemplo se tiene a los enlaces SOFIA y la agencia MUJ, para el periodo que pasó se suscribían contratos de enero al 31 de diciembre, para el 2024 muchos iniciaron en febrero y llegaban hasta el 31 de julio, dejando, además, casi dos meses sin ninguna persona a cargo en las localidades.
Adicionalmente, no encontramos razones técnicas para los aumentos de los honorarios año a año, si bien es cierto, no existe una obligación legal para ello ya que en teoría las OPS tienen una finalidad especifica, la necesidad del servicio conlleva a que muchas trabajadoras lleven años en la entidad, lo que demanda se evalúe mejor la remuneración, pues, aunque esto puede ser desmotivante no limita el compromiso de las contratistas con las mujeres de la ciudad.
En cuanto a los convenios suscritos para el funcionamiento de las casas refugio, del listado entregado de 10 contratos, 4 ya se encuentran terminados y de los 3 contratos relacionados para la modalidad rural, solo hay 1 en ejecución. Es decir, está en riesgo la continuidad del servicio en las distintas modalidades.
Situación que no mejora en la atención en litigio, programa desarrollado también en gran medida por trabajadoras bajo OPS, pese a que la necesidad es alarmante, ya que en lo corrido del 2024 se tienen 677 casos y para el año anterior 1.371, relacionando 952 con medidas de protección y 390 casos penales, es una problemática atendida por un equipo de solo 37 personas.
Ni que decir en la estrategia en hospitales, en la que evidenciamos reducción en la operación, pasando de 8 a 7 IPS públicas en este año, se cambió la atención presencial 24/7 y se disminuyó el equipo de trabajo de 38 a 25 profesionales. Esto es otra incoherencia con respecto a lo afirmado por la Secretaría al informar que “la presencia en hospitales se mantiene”, cuando disminuyó, al igual que en otras direcciones, lo cual podría ir de la mano de la reciente circular de la Dirección Distrital de Presupuesto que compromete reducción del 10% del gasto en contratación por OPS, conllevando a una sobrecarga de las y los trabajadores que quedan.
En ese sentido, no se entiende cuál es la razón objetiva para desvincular a trabajadoras que han desarrollado su actividad durante años y para programas que la misma Secretaría indica no tiene proyectado cerrar ni reformar y que no se suplen con cargos de planta.
No menos importante es destacar lo poco o nada que se ha avanzado para atender todo lo relacionado con acoso y entornos laborales sanos para las y los contratistas, teniendo en cuenta que no es una problemática aislada o nueva. Otra vez se nos entrega un listado de actividades o ferias al respecto que no responden a esta necesidad. Con lo anterior se desconocen entonces las recomendaciones y convenios de la OIT relacionados con acoso y discriminación en materia de empleo y ocupación, y el propio decreto distrital 380 de 2015. Es decir, no se utilizan herramientas adecuadas para garantizar un trabajo digno para todas y todos los trabajadores de su entidad, indistintamente del vínculo.
Finalmente, con todo lo mencionado y ante los anuncios de continuidad de las contrataciones y los programas, esperamos se incluya, hasta tanto no haya una razón objetiva, a las profesionales que se les había notificado de la desvinculación de manera verbal. También, que se revisen los plazos y honorarios y que realmente se plantee la postura de esta entidad en cuanto a involucrar a las trabajadoras en las decisiones que les afectan. En ese sentido, instamos a la coherencia para eliminar todo tipo de violencias también al interior de la misma. No es un trabajo fácil el que realizan las contratistas, insistimos en que, con voluntad, escucha y gestión de la Administración, podría ser más ameno, procurando un mejor ambiente a quienes lo prestan, y que impactaría en mejores resultados particularmente en este contexto en donde las mujeres en Bogotá no caminan seguras.
