A pocos días de las elecciones locales de 2023 resulta prioritario hacer una reflexión sobre la importancia de aumentar la representación y participación política de la comunidad LGBT+, que constantemente es víctima de discriminaciones y violencia física, digital y psicológica. De acuerdo con cifras de la organización Caribe Afirmativo, en 2022 se registraron 145 homicidios y 105 casos de violencia policial hacia personas LGBT+, cifra alarmante que debe revisarse con detenimiento para diseñar políticas enfocadas en proteger a esta población.
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Si bien la participación de esta comunidad en cargos de poder sigue siendo baja, una encuesta divulgada en junio de 2023 por Luminate, y realizada por el Instituto Ipsos, revela que en Colombia la mayoría de las personas (51%) está a favor de que se dé una mayor representación LGBT+ en política, demostrando un ambiente favorable en el país para realizar los cambios estructurales que se requieren en este frente.
Si se comparan las elecciones regionales de 2019 con las actuales, se observa un avance en el número de personas LGBT+ que participan en la contienda electoral. De hecho, según cifras de Caribe Afirmativo, actualmente existen 100 candidaturas, con un aumento del 32% frente a los comicios de hace 4 años.
En este sentido y con base en la oportunidad que se avecina en estas elecciones locales surge la siguiente reflexión: ¿Qué podemos hacer para seguir potenciando la participación plena de personas LGBT+ en los espacios políticos del país?
En primer lugar, nos encontramos en un momento clave para las discusiones centrales de Colombia, en el que las perspectivas de diversidad sexual y de género no pueden quedarse por fuera. Por este motivo, es fundamental que la sociedad comprenda la urgencia y el valor de tener personas LGBT+ en la política, debido a que su representación ayuda a garantizar más derechos para esta población y agrega puntos de vista diversos y valiosos a discusiones de suma importancia para toda la sociedad, como la salud, la educación y la economía.
De cara a las elecciones que vengan a futuro, por ejemplo, resulta prioritario que los partidos políticos vinculen y apoyen a un número extendido de candidaturas LGBT+. Ellos tienen la responsabilidad de abrirles sus puertas y de brindarles las herramientas y recursos necesarios para que se postulen y presenten sus propuestas sin ninguna limitación o afectación a su integridad. Debemos poder tender candidaturas LGBT+ en elecciones desde los consejos locales hasta la Presidencia.
En la encuesta divulgada en junio por Luminate, el electorado colombiano (42%) fue el que más identificó la falta de apoyo de los partidos como una barrera para más representación política LGBT+, en comparación con países como Argentina, Brasil y México.
Asimismo, fue el electorado colombiano lo que más manifestó su apoyo a la adopción de cuotas LGBT+ para los partidos, con un 48% de las personas os encuestadas que se declaró total o parcialmente favorable, un contexto que reconoce la importancia de establecer curules específicas para esta población en el Congreso, como se viene implementando para minorías raciales y étnicas que históricamente han sido excluidas y poco representadas.
A nivel del ejecutivo ya se evidencian algunos avances en esta materia, como el anuncio de la creación del Viceministerio de Diversidades, que tendrá como una de sus responsabilidades principales la igualdad de la comunidad LGBT+ y la creación de una política pública nacional. No obstante, es de suma relevancia que el Viceministerio tenga los recursos necesarios para dialogar con la comunidad en todo el territorio nacional y para que pueda diseñar y promover políticas públicas que protejan sus derechos y garanticen su participación en la democracia.
En el legislativo también existe la posibilidad de dar pasos importantes como el del proyecto de la Ley Integral Trans, diseñado de forma colaborativa por más de 100 organizaciones de todo el país. Si el Congreso debatiera y aprobara ese proyecto de Ley, marcaría un precedente histórico en la protección de una de las comunidades más vulnerables en Colombia.
Por último, resulta prioritario avanzar en procesos que lleven a que las plataformas de redes sociales -- como Facebook, X, Tiktok y Youtube -- cumplan con sus compromisos con el proceso democrático y garanticen un debate público que sea libre de desinformación y de discurso de odio y violencia virtual contra las personas LGBT+, las mujeres, las personas Afrodescendientes e indígenas que se postulen.
Una democracia verdaderamente representativa es aquella en la que todas las personas, sin importar su género, raza, identidad u orientación sexual, tengan las condiciones de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todas y todos. Afortunadamente, el pueblo colombiano da señales de que cree y demanda esta transformación.
