La grave situación en materia de seguridad está comenzando a revelarse en el país. La permisividad del gobierno nacional ante el crimen y la delincuencia es absoluta. Cada día vemos a las fuerzas militares acorraladas y a los campesinos nuevamente desplazados, mientras el presidente declara como gestores de paz a ex guerrilleros y criminales.
Que Mancuso y alias Gafas, el carcelero de Ingrid Betancourt, sean gestores de paz, no es otra cosa que un insulto a las víctimas y a los colombianos.
La supuesta paz total está fortaleciendo a los grupos al margen de la ley. A través de las denuncias de la ciudadanía, nos queda claro que la guerra volvió a las zonas rurales y urbanas, dejando a merced de la delincuencia la seguridad de los colombianos.
Por esto, el gobierno Petro le está abriendo el camino a la Seguridad Democrática 2.0. Y esto también se ve reflejado en Bogotá, empezando por que la alcaldesa no lideró la seguridad, no ha gestionado metas reales con el gobierno nacional. La permisividad de su administración hizo que los grupos criminales y las bandas transnacionales también se fortalecieran en la ciudad.
En días pasados en mi debate de control político sobre seguridad expuse la crisis que vive la ciudad y tan solo con comparar las cifras del gobierno anterior, con lo que deja hoy la alcaldesa se puede apreciar el aumento significativo en la cifras. Los delitos de alto impacto aumentaron en comparación a 2019: Secuestro (300%), extorsión (48%), violencia intrafamiliar (26%), hurto a motocicletas (21%), delitos sexuales (19%) y hurto a personas (9%).
Adicional, Claudia López le quitó el 26% al presupuesto para seguridad del 2023, y sin recursos suficientes es muy difícil combatir la delincuencia, con pobreza no se combaten con eficiencia las bandas delincuenciales.
Ahora, preocupa que delitos como la extorsión están en aumento en la ciudad. Los comerciantes en general piden ayuda, pero hay que resaltar que en las localidades de Tunjuelito y Barrios Unidos están clamando a gritos apoyo por parte de la institucionalidad para enfrentar las llamadas extorsivas del ELN.
Con nombres, direcciones y números de cédula y de celular, delincuentes llaman a los comerciantes y empresarios para extorsionarlos.
Otra alerta que le debe preocupar a la administración son las pancartas de las guerrillas y del Clan del Golfo que ya tienen atemorizada a la ciudadanía. Bogotá necesita con urgencia fortalecer la infraestructura de seguridad con analítica de datos e inteligencia artificial, además de pensarse en la creación de un escuadrón especial de lucha contra el crimen organizado.
