El nuevo modelo asociativo de Bogotá con Cundinamarca no despierta mayores pasiones en la opinión pública. Es un tema complejo, lleno de tecnicismos, en donde resulta muy fácil engañar diciendo que el proyecto tiene como fin mejorar todo lo que está mal en Bogotá y los municipios circundantes. Pero la realidad es muy distinta: aunque todos estamos de acuerdo con el qué, el cómo es un verdadero problema.
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Esta figura es en realidad una grave afrenta a la democracia y un pésimo negocio para Bogotá y para los municipios de la sabana. La Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, arrodillada como siempre a Claudia López, aprobó esta semana en primer debate la entrada de la ciudad a la Región. La decisión del Concejo de Bogotá, es en la práctica el verdadero nacimiento de la nueva institucionalidad.
Si ocho concejales de la comisión hubieran dicho no, el proyecto habría tenido que archivarse. No tiene sentido que un puñado de concejales en Bogotá tengan en sus manos una decisión con repercusiones directas y trascendentales para todo el departamento. Nadie votó por los concejales de Bogotá en Soacha o en Ubaté, pero son ellos quienes le dan la bendición final a la Región para que comience a funcionar.
¿Y cómo va a funcionar la Región Metropolitana? Bueno, el diseño institucional es una joya, pensada cuidadosamente para restringir la democracia. Es un mastodonte burocrático desproporcionado que no le va a rendir cuentas a nadie pero va a tener verdaderos superpoderes. El máximo órgano de la Región será el Consejo Regional compuesto por el alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios que cometan el error de ingresar.
Si bien, a primera vista, parece que Bogotá tiene poder de decisión en este órgano, la ciudad más grande del país y la que va a poner la mayoría de los recursos, tendrá el mismo peso en el consejo que cualquier otro municipio de la Sabana: un voto. Es decir, en cuanto se asocie un sólo municipio, el Distrito quedará a merced de las decisiones que tomen los miembros de ese Consejo Regional por los cuales nadie votó en Bogotá. Aunque la capital tiene derecho de veto sobre el nombramiento del director regional y sobre el plan de inversiones, su territorio queda a total disposición de las decisiones que se tomen en el Consejo Regional.
No sobra recordar que la política en Cundinamarca funciona de manera muy diferente a cómo funciona en Bogotá. El Gobernador no es por lo general un gran elector de opinión, es más bien un político con maquinarias poderosas diseminadas por todo el departamento, muy seguramente la mayoría de los alcaldes de los municipios, que eventualmente ingresen a la región, serán subordinados políticos del gobernador. Bogotá queda en franca desventaja para la toma de decisiones a pesar del veto.
Muchos se preguntarán: ¡Bueno! ¿Y esos señores metropolitanos cómo me afectan? Pues bien, las potestades de esa nueva institución son enormes. Por ejemplo: a diferencia de lo que pasa hoy, se podrían cobrar nuevas valorizaciones en cualquier lugar de Bogotá sin autorización previa del Concejo de Bogotá. La valorización es un instrumento impopular, con un enorme rechazo en la ciudadanía. Gracias a la Región Metropolitana, la decisión de cobrar nuevas valorizaciones no estará sujeta a ningún debate y los ciudadanos de Bogotá y los municipios vecinos ni siquiera sabrán ante quién deben quejarse. Es un esquema perfecto, todo el poder sin ninguna responsabilidad política.
Otro superpoder regional es la instalación de peajes en cualquier infraestructura existente en Bogotá para financiar una institución sobre la cual no se tiene ningún tipo de control. Más grave aún es el Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana, esto define la visión regional.
Las mentiras de Claudia López no han logrado ocultar la realidad plasmada en la ley, en el debate del sábado pasado quedó claro que los alcaldes y concejos están obligados a acatar lo que defina el Plan Estratégico cuando discutan sus POT o incluso sus planes de desarrollo. En otras palabras: el próximo alcalde de Bogotá, deberá incluir en el plan de desarrollo lo que defina el Consejo Regional y no lo que diga la propuesta ganadora en las urnas. Las decisiones regionales serán de superior jerarquía.
¿Y si se aprueba hay alguna salida? ¡Pues no! Esto es un camino sin retorno: Bogotá no podrá salir nunca de este acuerdo político. Contrario a los demás municipios, ni la Ley ni la Constitución definen la salida de Bogotá de la Región Metropolitana, el texto de la ley 2199 hace que sea imposible salir. El Concejo de Bogotá está a un debate de dejar atrapada a Bogotá en una dictadura tecnocrática y la ciudadanía aún no se ha dado cuenta.
