En un nuevo anuncio a través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro afirmó que impulsará una consulta popular vinculante para que el pueblo colombiano decida directamente sobre reformas estructurales. El mandatario aseguró que si las preguntas son aprobadas por los ciudadanos y el Congreso no actúa en menos de seis meses, quedará facultado para implementarlas por decreto.
“La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, escribió Petro en su publicación.
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El anuncio ha generado debate nacional sobre los límites del poder presidencial, la figura de la consulta popular y su impacto jurídico y político.
¿Qué significa que una consulta sea “vinculante”?
Una consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y regulado por la Ley 1757 de 2015. Cuando esta consulta es vinculante, significa que el resultado tiene efectos obligatorios para el Estado.
Para que lo aprobado en la consulta tenga carácter vinculante se deben cumplir dos condiciones:
- Participación mínima del 33% del censo electoral.
- Mayoría simple de votos afirmativos (más del 50% de los votos válidos).
Si se cumple ese umbral y el pueblo aprueba las preguntas, el Congreso tiene un plazo de seis meses para tramitar leyes que desarrollen el mandato ciudadano. Si el Congreso no cumple, el presidente puede, de manera excepcional, expedir decretos con fuerza de ley, según lo ha interpretado el Consejo de Estado en fallos relacionados con el principio de soberanía popular.
Pasos para convocar una consulta popular nacional
De acuerdo con el procedimiento legal vigente, estos son los pasos formales que debe seguir el Ejecutivo:
- El Presidente presenta una solicitud al Senado, acompañada de la pregunta o preguntas que desea someter a votación popular y su respectiva justificación.
- El Senado emite concepto favorable, mediante mayoría simple, sobre la conveniencia de la consulta.
- La Registraduría Nacional del Estado Civil organiza el proceso, incluyendo logística, pedagogía y convocatoria formal.
- La consulta debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del Senado.
- El resultado será vinculante si cumple con los requisitos mínimos de participación y mayoría, según lo establece el artículo 41 de la Ley 1757 de 2015.
¿Qué busca Petro con esta figura?
El presidente ha manifestado en múltiples ocasiones que las reformas sociales (laboral, pensional y de salud) enfrentan bloqueos en el Congreso por parte de lo que llama “la clase política tradicional”. Con esta consulta, busca someter directamente al pueblo las reformas clave de su agenda.
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Sin embargo, el uso de esta figura también ha despertado alertas en sectores políticos, constitucionalistas y juristas, que advierten sobre el riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo si el Congreso es marginado del proceso legislativo por vía de decretos.
La propuesta de consulta popular anunciada por el presidente Petro reabre el debate sobre los límites de la democracia directa, el equilibrio de poderes y la soberanía popular. Aunque el mecanismo está contemplado en la Constitución, su uso para reformar temas estructurales y la posibilidad de que el presidente legisle por decreto si el Congreso no actúa, será sin duda uno de los temas jurídicos y políticos más discutidos en los próximos meses.