Una compleja red criminal dedicada al robo sistemático de tierras fue desarticulada recientemente en el departamento del Atlántico, en un operativo que deja al descubierto los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios del Estado. Según las autoridades, al menos nueve servidores públicos se encuentran entre los 17 capturados hasta el momento.
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El propio presidente de la República, Gustavo Petro, fue quien confirmó la noticia, subrayando la gravedad del caso y sus implicaciones estructurales:
“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”.
Funcionarios implicados
Entre los detenidos se encuentran tres registradores de Instrumentos Públicos, dos inspectores de Policía, dos notarios, un calificador de Instrumentos Públicos y un funcionario adscrito a la Alcaldía de Soledad. Se les señala de participar en maniobras ilegales para apropiarse de terrenos y venderlos de forma fraudulenta, generando perjuicio económico a múltiples familias del Atlántico.
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El mandatario explicó que la estructura no actuaba sola, sino que habría contado con la complicidad de otros actores delincuenciales que intimidaban a las comunidades para facilitar el despojo:
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“Constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias”.
Continuarán las imputaciones
La investigación no termina aquí. Petro anunció que la operación contempla 16 imputaciones adicionales, lo que elevaría a 33 el número total de personas judicializadas en esta red de corrupción.
Los delitos por los que responderán los implicados incluyen: peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
Antecedentes del “cartel de tierras”
Este caso se suma a investigaciones previas relacionadas con el denominado “Cartel de la Tierras” en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. En 2023, fueron capturados el notario Augusto Osorio Berdugo y el abogado Ever Edinson Castro Miranda, procesados por falsificación documental y concierto para delinquir, tras supuestamente facilitar la adjudicación irregular de terrenos.
Además, en 2022, la entonces procuradora general, Margarita Cabello, ya había advertido sobre diez investigaciones en curso por apropiaciones ilegales de tierra en Barranquilla, Cartagena y otras zonas del Caribe colombiano. Las pesquisas incluían a alcaldes, notarios, inspectores de policía y funcionarios de registros públicos.
