Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura de dos mujeres acusadas de liderar una red criminal de lavado de activos que operaba en Buenaventura, bajo la fachada de una empresa distribuidora de huevos. Se trata de Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin, familiares entre sí, señaladas de manejar más de 4.800 millones de pesos de origen ilícito.
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Según las autoridades, las mujeres no solo comercializaban huevos. En realidad, su aparente negocio servía como pantalla para darle legalidad a recursos que habrían sido producto de actividades del narcotráfico.
“Los elementos materiales probatorios indican que las mujeres habrían prestado sus cuentas bancarias para darle tránsito a los dineros de la red y adquirido bienes con los mismos para evitar que fueran detectados por las autoridades y se conociera su origen ilícito”, señaló la Fiscalía.
Amenazas a comerciantes y control del mercado
La investigación también reveló que, mediante intimidaciones y amenazas, Fonseca y Preciado buscaron eliminar la competencia y posicionar su empresa como la principal distribuidora del producto en la región.
“Logró la judicialización de Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin por su posible participación en las maniobras ilícitas, desplegadas para darle apariencia de legalidad a los recursos ilícitos obtenidos por un grupo delincuencial señalado de amenazar y constreñir a los comerciantes de huevo de Buenaventura (Valle del Cauca) para controlar el precio del producto”, explicó el ente investigador.
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Detención domiciliaria, pese a las pruebas
Las capturas se realizaron en diligencias de registro y allanamiento en Cali, donde fueron puestas a disposición de un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
“De esta manera, se constató que presuntamente movieron algo más de 4.826 millones de pesos sin tener ingresos financieros estables ni desempeñar una actividad económica que soportaran la tenencia y disposición de esa suma”, advirtió la Fiscalía.
Aunque se aportaron pruebas contundentes y se identificó que la operación criminal se habría montado desde sus propias viviendas, ninguna de las dos aceptó los cargos y el juez decidió imponer medida de aseguramiento domiciliaria.
