A pesar de que Colombia ha avanzado en el reconocimiento legal y constitucional de los derechos de las personas trans, estos progresos no han sido suficientes para frenar la violencia estructural y cotidiana que enfrentan. La Ley 1761 de 2015, también conocida como Ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como un delito autónomo, sanciona la violencia motivada por razones de género y busca erradicarla mediante estrategias de prevención y sanción.
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En este marco legal, el feminicidio también aplica a mujeres trans, siempre que el crimen esté motivado por el hecho de identificarse como mujer. Es decir, cuando una persona es asesinada por su identidad de género femenina, el hecho puede ser judicializado como transfeminicidio, según lo estipulado en el artículo 104-A del Código Penal.
Con este contexto claro, el delito de feminicidio en Colombia se castiga con penas que van desde 250 hasta 500 meses de prisión. Sin embargo, la ley contempla agravantes que pueden aumentar significativamente la condena. Por ejemplo, si el feminicidio se comete contra una mujer menor de 18 años, mayor de 60, embarazada, o si ocurre en presencia de un familiar, la pena puede elevarse hasta los 600 meses de prisión. También se considera agravante si el crimen sucede luego de una agresión sexual, mutilación genital u otro tipo de violencia extrema.
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Además, la legislación establece que el feminicidio puede ser castigado con 20 años o más de cárcel si se comete en contextos de violencia intrafamiliar, por coacción, hostigamiento o acoso sexual, o si media un abuso de poder, confianza o autoridad.
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Una protección legal aún insuficiente
La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciar que, a pesar del marco normativo vigente, la implementación de las políticas públicas sigue siendo limitada. Según la entidad, el país aún no cuenta con un enfoque integral que garantice la protección efectiva y diferenciada para la población LGBTIQ+, y en especial para las personas transgénero.
Por ello, la Defensoría ha instado al Estado a destinar recursos técnicos y económicos que permitan avanzar en la ejecución del CONPES-LGBTIQ+ y actualizar la Política Pública Nacional LGBTI, herramientas clave para enfrentar la discriminación sistemática.
Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para poner en marcha el “Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación hacia la población LGBTIQ+”, un instrumento necesario para enfrentar las múltiples formas de violencia que afectan a esta comunidad, incluyendo crímenes de odio y transfeminicidios.
Violencia en aumento
La muerte de Sarah Millarey se suma a una preocupante tendencia. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se reportaron 258 casos de violencia por prejuicio contra mujeres y hombres trans y personas no binarias, lo que representa un aumento del 29,6% con respecto al año anterior, cuando se documentaron 199 casos.
Estos datos reflejan una realidad alarmante: la identidad de género sigue siendo motivo de violencia y discriminación en el país. Por eso, distintas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado al Estado para que actúe con urgencia y evite que crímenes como el de Sarah Millarey queden en la impunidad.
Finalmente, desde diferentes entidades del estado se anima a que si usted presencia algún caso de intolerancia o agresión frente a la comunidad LGBTIQ+ comuníquese con los siguientes números.
Línea 155:
- Servicio nacional y gratuito que ofrece orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género.
- Proporciona información sobre derechos, tipos de violencia, cómo presentar denuncias, y acceso a atención jurídica y de salud.
- Atención confidencial por personal especializado.
Línea Púrpura Distrital (Bogotá):
- Dirigida a mujeres que enfrentan violencias basadas en género en Bogotá.
