La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional, incluidos tres generales y dos brigadieres generales, por su participación directa en la ejecución de al menos 604 falsos positivos cometidos en la región de la Costa Caribe colombiana.
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Esta es una de las imputaciones más amplias en términos geográficos, ya que involucra a 19 unidades militares adscritas a la I División del Ejército Nacional. Según el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, los hallazgos confirman patrones macrocriminales ya identificados en otras regiones del país como Huila, Norte de Santander y Dabeiba.
De acuerdo con la jurisdicción, estos hechos ocurrieron entre los años 2002 y 2008, un periodo crítico en el que las ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron bajo una lógica perversa de “mostrar resultados” en la lucha contra grupos armados ilegales, premiando a los uniformados por el número de “bajas en combate” reportadas.
Una estrategia sistemática de asesinatos ilegales
La JEP concluyó que las ejecuciones no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada y persistente. De las 358 acciones ilegales documentadas, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007, y de esas, 517 víctimas han sido plenamente identificadas.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que el 76 % de las muertes reportadas como combates por estas unidades militares fueron en realidad falsos positivos, es decir, personas asesinadas y luego presentadas como guerrilleros muertos en combate.
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Entre los imputados están los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, al igual que los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez. Todos ellos ocuparon puestos de mando en unidades clave como la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
También fueron imputados siete coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro mayores, además de otros oficiales y suboficiales, todos señalados por su participación o tolerancia en los crímenes, así como por su papel determinante en la perpetuación del patrón de asesinatos ilegales.
Víctimas: indígenas, menores y mujeres embarazadas
La dimensión del daño humano es profundamente alarmante. Entre las 604 víctimas identificadas, 31 pertenecían a pueblos indígenas como los Wiwa, Wayú y Kankuamo, y muchas fueron asesinadas en contextos de vulnerabilidad extrema.
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Además, la JEP documentó el asesinato de 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas en estado de embarazo. Estas cifras reflejan el carácter desproporcionado y discriminatorio de los crímenes, los cuales dejaron una huella profunda en comunidades enteras.
Un caso especialmente desgarrador es el de un adolescente asesinado en 1995, a quien soldados le detonaron una granada en la cabeza para luego exhibirlo como un supuesto guerrillero dado de baja. Este hecho ocurrió en San Pablo, Bolívar, y fue incluido como parte del patrón criminal sistemático revelado por la JEP.
Finalmente, de acuerdo con la JEP los crímenes también generaron consecuencias a largo plazo como el desplazamiento forzado, el desarraigo cultural y la afectación a la seguridad alimentaria y tejido social de los pueblos indígenas.
