Entre los factores que explican el aumento de la violencia y la financiación de grupos armados, el contrabando de cigarrillos ocupa un lugar central. Un estudio reciente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) revela que el comercio ilegal de estos productos ha alcanzado su nivel más alto desde 2016, impactando la economía y la seguridad del país.
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En el aspecto económico, las cifras no dejan lugar a dudas: se estima que $1.03 billones en impuestos al consumo se pierden anualmente por culpa de este flagelo, afectando directamente la inversión en salud y deporte en los departamentos. Además, territorios como La Guajira, Cesar, Magdalena y Norte de Santander presentan las mayores tasas de comercio ilegal, con el Clan del Golfo y otros grupos armados aprovechando esta actividad para fortalecer sus estructuras criminales.
Uno de los principales factores que impulsan este fenómeno es la diferencia de precios. En 2024, una cajetilla de cigarrillos ilegales costó en promedio $4.497, mientras que la de cigarrillos legales rondaba los $11.067, una diferencia de $6.569 que motiva a los consumidores a optar por el producto más económico sin considerar las implicaciones.
El informe también destaca que las zonas rurales son las más afectadas, con un 51% de consumo de cigarrillos ilegales. Además, el grupo de edad con mayor consumo es el de 55 a 64 años, con un 52%, lo que refleja un aumento respecto a 2023. En cuanto a marcas, Rumba lidera el mercado ilegal con un 13,4%, seguida por Carnival y Real.
Los principales países de origen de los cigarrillos ilegales en 2024 fueron Uruguay, Corea del Sur y Estados Unidos, con este último mostrando un preocupante aumento del 6,6% respecto al año anterior.
Las tiendas de barrio siguen siendo el principal canal de distribución, con un 80% de comercialización de cigarrillos ilegales. Este comercio no solo impacta el recaudo fiscal, sino que también está vinculado con el lavado de activos y la financiación de estructuras criminales, generando un aumento en homicidios y extorsiones en las regiones con mayor presencia de este fenómeno.
Ante este panorama, se hace urgente la articulación de esfuerzos entre la Fuerza Pública, entidades del orden nacional, los Grupos Operativos Anticontrabando y la industria legal para enfrentar esta problemática. Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, advierte: “El contrabando está directamente relacionado con el multicrimen y afecta las finanzas departamentales, la seguridad y la salud de los colombianos. Es hora de priorizar este flagelo en la agenda nacional”.
