Una juez penal de control de garantías de Bogotá, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, legalizó la aplicación del principio de oportunidad suscrito con el contratista Luis Eduardo López Rosero, uno de los involucrados en los actos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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En consecuencia, se suspenderá la acción penal por seis eventos de interés indebido en la celebración de contratos. La interrupción será por tres años, en los que el procesado deberá colaborar con la justicia y servir como testigo para lograr la judicialización de otros involucrados en el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos de la UNGRD.
La investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que López Rosero recibió información privilegiada de los procesos contractuales que se seguían en la entidad, por lo que ajustó propuestas, cotizaciones y otros requisitos para presentar sus empresas y quedarse con contratos relacionados con suministro de carrotanques para La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en otros departamentos del país. Por este favorecimiento pagó dádivas y se quedó con recursos públicos
Es importante señalar que el contratista igualmente aceptó mediante preacuerdo los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público, y falsedad en documento privado. Asimismo, se comprometió a devolver 7.722 millones de pesos que corresponden a los dineros apropiados ilícitamente. La negociación judicial fue aprobada por una juez penal especializada de Bogotá y está a la espera de pronunciamiento de la sentencia.
La negociación judicial está pendiente de que sea avalada por una juez penal especializado de Bogotá.
Es importante señalar, que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía donde también reintegrará 618 millones de pesos y cumplirá una condena de cinco años y ocho meses de prisión.
