El pasado 18 de marzo, el Gobierno de Gustavo Petro organizó una serie de movilizaciones en respaldo a sus reformas sociales y laborales. A pesar de la convocatoria respaldada por las centrales sindicales y la participación de organizaciones indígenas, el evento generó dudas sobre su impacto real y los costos asociados.
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Costos estimados de las marchas convocadas por el gobierno Petro
De acuerdo con la revista Semana, aunque aún no se ha confirmado el costo exacto de las movilizaciones, varios elementos permiten hacer una estimación. Entre los gastos más destacados se encuentra el alquiler de la tarima y la producción de los eventos, similar a la que se utilizó en la marcha del 27 de septiembre de 2022. En esa ocasión, el costo fue de 263.109.000 pesos, según denuncias del concejal de Bogotá, Daniel Briceño.
Otro gasto significativo estuvo relacionado con los contratos con organizaciones indígenas, por un total de 314.169 millones de pesos en 81 acuerdos, lo que ha generado controversia. Para Briceño, estos contratos implican un interés político y económico de los grupos indígenas en apoyar las marchas debido a los beneficios que reciben del Estado.
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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, estimó que la jornada cívica, que implicó una suspensión de actividades comerciales, le costó al país alrededor de 360 millones de dólares en pérdida de producción. Según su análisis, el impacto fue de aproximadamente un 33% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional diario.
Participación en las marchas
En cuanto a la participación, se calcula que alrededor de 30.000 personas asistieron a la Plaza de Bolívar en Bogotá, lo que fue una cifra significativa, pero lejos de los 4 millones que las centrales sindicales esperaban a nivel nacional. Fabio Arias, presidente de la CUT, había anticipado que la convocatoria podría alcanzar cifras mucho más altas. Esta disparidad generó debate sobre la naturaleza de la movilización, con algunos críticos cuestionando su espontaneidad.
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Carlos Alonso Lucio, analista político, expresó: “Una de las cosas que uno tiene que revisar de una movilización es qué tan espontánea fue o qué tan artificial fue”, lo que reflejó las dudas sobre la genuinidad de la participación.
La jornada transcurrió en su mayoría sin incidentes graves, aunque hubo algunos episodios de violencia en Bogotá y Cali. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se desplegaron más de 1.500 funcionarios, entre policías y gestores de convivencia, para mantener el orden y resolver los conflictos de manera pacífica.
El evento también estuvo marcado por la “guerra de las imágenes”. Mientras que desde el Gobierno se difundían fotos de las plazas llenas, la oposición se centraba en destacar los espacios vacíos, generando un contraste visual que alimentó la polarización. Además, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se disculpó públicamente por compartir imágenes falsas de otras marchas, lo que aumentó la controversia.
¿Un triunfo para Petro?
A pesar de las críticas y los cuestionamientos sobre la asistencia, el Gobierno de Petro considera que las movilizaciones fueron un éxito. Según declaraciones de Gustavo Bolívar, el presidente expresó su satisfacción con la jornada: “Para el presidente y para el Gobierno es un triunfo, porque vamos al tercer año de gestión y saber que se mantiene el apoyo popular como en la campaña es comprobar que se tiene un respaldo, que no está solo como tantas personas decían”.
Estas movilizaciones y la consulta popular convocada por Petro son vistas como una medición para su futuro político, ya que se acercan las elecciones de 2026. En este contexto, las marchas se interpretan como una forma de medir el nivel de apoyo que el mandatario aún tiene entre los sectores sociales que lo respaldan.
