Una tragedia aún más oscura se ha sumado a las ya deplorables condiciones del sistema penitenciario colombiano. La historia de Andrea Valdés, una reclusa de la cárcel El Pedregal en Medellín, ha revelado un caso espeluznante de abuso por parte de dos guardias del Inpec. Lo que comenzó con agresiones sexuales terminó con un embarazo forzado, y lo que es aún más grave, presiones para que la mujer abortara.
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Andrea Valdés, de 30 años, relató ante funcionarios del Inpec y posteriormente a la Fiscalía su experiencia de terror y violencia dentro de las paredes de la cárcel El Pedregal. En su testimonio, compartido por la revista Semana, describe cómo dos guardias de la institución la violaron en el transcurso de una semana en 2024. La angustia no terminó ahí, ya que después del abuso, Andrea descubrió que estaba embarazada.
Lo más alarmante, sin embargo, fue el tratamiento que siguió. Al darse cuenta de su embarazo, las autoridades de la cárcel no solo ignoraron su denuncia, sino que la presionaron para abortar, a pesar de su firme negativa. Según la declaración de Andrea, se le ofreció sin su consentimiento el medicamento Cytotec, conocido por ser utilizado para inducir abortos, lo que se sumó al trauma vivido durante esos días.
La denuncia de Andrea Valdés: ¿Cómo ocurrieron los hechos?
En su relato, Andrea explica cómo, en la madrugada del 29 de agosto de 2024, uno de los guardias la atacó físicamente. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, no pudo evitar ser agredida. Días después, el 5 de septiembre, otro guardia cometió el mismo acto. Después de esos episodios, Andrea descubrió que estaba embarazada. Ante la falta de registro de visitas masculinas, las autoridades comenzaron a sospechar y a interrogarla.
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Lo que siguió fueron presiones reiteradas para que abortara, incluso en el hospital, donde le preguntaron si quería interrumpir su embarazo, descubriéndose residuos de Cytotec en su organismo. Esta situación agravó aún más la angustia de Andrea, quien no solo había sido víctima de violencia sexual, sino también de un intento de control sobre su cuerpo sin su consentimiento.
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A lo largo de su calvario, Andrea fue trasladada varias veces de cárcel, enfrentando amenazas de muerte. A pesar de la gravedad de su situación, las autoridades no tomaron las medidas necesarias para protegerla. Fue enviada de El Pedregal a Picaleña, en Ibagué, y luego a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde pudo finalmente denunciar el abuso públicamente, a través de la Corporación Mujeres Libres.
La denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación dio paso a investigaciones en la cárcel El Pedregal, donde se están buscando pruebas sobre los presuntos responsables: los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez. Las autoridades también investigan un posible uso excesivo de la fuerza, que habría dejado a más de 30 mujeres heridas.
Qué ha pasado desde la denuncia de violación de Andrea
A pesar de que la solicitud de Andrea para ser trasladada a un lugar seguro bajo la custodia de una entidad que no esté vinculada al Inpec fue rechazada por el Ministerio de Justicia, su defensa sigue insistiendo en la necesidad de medidas urgentes para protegerla. El abogado de Andrea, Felipe Alzate, destacó en un comunicado que la situación de la mujer es extremadamente vulnerable, y que la revictimización en su situación actual podría poner en riesgo tanto su vida como la del bebé en gestación.
