El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado el 18 de marzo como un “Día Cívico”, con el objetivo de promover la participación en las movilizaciones en defensa de la consulta popular propuesta por su gobierno. Sin embargo, la medida ha generado controversia en diversas ciudades, donde los alcaldes han decidido no acoger la iniciativa, garantizando, no obstante, el derecho a la protesta y movilización pacífica.
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Alcaldes de principales ciudades rechazan la medida
Uno de los primeros en manifestarse en contra de esta disposición fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales aseguró que en la capital antioqueña los servidores públicos trabajarán con normalidad. “No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública”, afirmó. Gutiérrez también destacó la importancia de la economía local, señalando que “no existe mejor política social que la generación de empleo” y que Medellín debe continuar con su actividad normal para seguir creciendo y ofreciendo empleos de calidad.
De manera similar, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su desacuerdo con el decreto, argumentando que en la región se honra el trabajo como “camino de desarrollo y oportunidades”. En un mensaje en su cuenta de X, agregó: “Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia”, refiriéndose a la medida propuesta por Petro.
Garantías para las movilizaciones del 18 de marzo en Colombia
Aunque varios mandatarios se han opuesto al Día Cívico, todos han manifestado su compromiso de garantizar el derecho a la protesta. En Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán afirmó que los servicios públicos y las instituciones educativas de la ciudad funcionarán con normalidad. “Garantizaremos el derecho a la protesta y expresión de todas las personas que decidan salir a manifestarse”, aseguró, reafirmando que la ciudad seguirá operando de forma habitual.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también señaló que la ciudad no acogerá la medida del Día Cívico, pero reiteró que se ofrecerán todas las garantías necesarias para quienes deseen participar en las movilizaciones. “Cartagena estará en absoluta normalidad”, afirmó, mientras que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que los servicios públicos seguirán operando como de costumbre, aunque garantizó que los derechos de los manifestantes serán protegidos.
Oposición al Día Cívico en otras regiones
Al igual que en las ciudades mencionadas, otros líderes regionales también expresaron su desacuerdo con el Día Cívico. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, subrayó que el trabajo del gobierno departamental no se detendrá, ya que no parar las actividades implicaría un gasto innecesario para los ciudadanos. “Si la Gobernación no trabaja un día hábil, significa derrochar más de 200 millones de pesos en costos fijos”, afirmó.
En Villavicencio, el alcalde Alexander Banquero también se mostró en contra de la medida y destacó que los servicios esenciales, como la educación y los servicios públicos, no deben interrumpirse debido a decisiones políticas.
La postura del presidente Petro
A pesar de la oposición de varios mandatarios locales, el presidente Petro ha defendido su propuesta, asegurando que el Día Cívico es una oportunidad para que los ciudadanos se expresen en favor de la consulta popular. La controversia sobre esta medida refleja la polarización política que atraviesa el país, donde el gobierno busca movilizar a la ciudadanía para fortalecer su agenda, mientras que muchos líderes locales defienden la continuidad de las actividades cotidianas.
