La ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fue escenario de un nuevo atentado que dejó a dos agentes de la Policía Nacional heridos. El incidente ocurrió en el complejo habitacional Torres de Bolívar, donde un artefacto explosivo detonó al paso de una patrulla policial. Los uniformados lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano, mientras las autoridades acordonaron la zona en busca de los responsables.
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Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del atentado. Sin embargo, es cabe resaltar que en esta región operan grupos al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
Este suceso se suma a una serie de hechos violentos recientes en la zona. El pasado 20 de febrero, Cúcuta vivió una noche de terror con múltiples explosiones y ataques armados que dejaron varios heridos y la destrucción de infraestructuras, como un peaje y un CAI de la policía en Villa del Rosario. Aunque las autoridades sospechan de la participación del ELN en esos ataques, ninguna organización ha asumido la responsabilidad.
La presencia de grupos armados ilegales en la región ha generado una crisis humanitaria, con miles de desplazados y un incremento en los enfrentamientos armados.
Las autoridades locales y nacionales han implementado medidas para contrarrestar esta ola de violencia. Tras los ataques de febrero, el alcalde de Cúcuta decretó un toque de queda y suspendió las clases en un intento por proteger a la ciudadanía y restablecer el orden. Además, se han reforzado las operaciones militares y policiales en la zona para neutralizar a los grupos armados responsables de estos actos terroristas.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en esta región fronteriza. Organizaciones defensoras de derechos humanos han instado al gobierno nacional a redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes y buscar soluciones pacíficas al conflicto armado.
